También fueron acusados extrabajadores de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro por “lavado de dinero, falsedad ideológica y gestión abusiva, apropiación y retención indebida”, en un nuevo giro de este proceso penal plagado de irregularidades jurídicas, de acuerdo a abogados.
La inclusión en la acusación de Carlos Fernando, el prestigioso periodista que en junio pasado volvió a exiliarse en Costa Rica, no resulta sorpresiva, luego de que el régimen sandinista lo señaló de lavar dinero en un comunicado oficial enviado al cuerpo diplomático acreditado en Managua y la policía allanó su casa.
Es decir, un proceso judicial con tintes políticos que nada tenía que ver con el caso contra Cristiana, la precandidata presidencial que más simpatías generaba para enfrentar a los Ortega-Murillo en las urnas el próximo noviembre.
Pero ahora los hermanos Chamorro Barrios han sido incluidos en el caso contra Cristiana, quien permanece en prisión domiciliaria bajo estricto aislamiento.
Según el Ministerio Público, la audiencia de ampliación y acusación se llevó a cabo este martes, pero los abogados de Cristiana Chamorro no fueron notificados. Es decir, que se llevó a cabo en total secretismo, una tónica que ha primado en este caso. Hasta ahora, la abogada defensora de la precandidata presidencial ha sido excluida del proceso, y no le han permitido ver a su clienta, en una violación del artículo 34 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece que “toda persona en un proceso tiene derecho, en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”.
A nivel jurídico, el caso de Cristiana Chamorro presenta muchas inconsistencias, según Yader Morazán, abogado exiliado y extrabajador del sistema de justicia de Nicaragua. Una de las mayores inconsistencias es que la abogada de la precandidata presidencial, Orietta Benavides, no ha tenido acceso al expediente ni a conocer mayores detalles de la acusación, pese a que ha presentado alrededor de 20 escritos de solicitud.
Hasta ahora la Fiscalía no ha presentado prueba alguna de los delitos achacados a los Chamorro Barrios, una de las familias más influyentes de Nicaragua en el plano periodístico y de la libertad de expresión. Además de los tres hermanos imputados en este caso de la Fundación Violeta Barrios, la persecución y cárcel de los Ortega-Murillo ha alcanzado a otros miembros de la misma familia: Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial, y Juan Lorenzo Holman Chamorro, director general de La Prensa, el principal diario del país que fue allanado y clausurado el pasado 13 de junio, después que la dirección denunciara un nuevo embargo aduanero de papel y tinta.
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