Unos meses antes del secuestro, Teresa Montaño —fundadora y redactora jefa del sitio web mexicano de investigación The Observer— había comenzado una investigación sobre los contratos públicos del Estado de México. Se dio cuenta de que varios de los contratistas tenían su sede a cientos de kilómetros del Edomex, y de que los contratos presentaban algunas irregularidades. No fue hasta tres meses después de ser secuestrada que, sospechando que se trataba de empresas fachada, creadas para malversar dinero público mediante contratos ficticios, la periodista empezó a viajar por todo el país para verificar su existencia y la naturaleza de las actividades de estas empresas.
Para proteger su investigación, se puso en contacto con Forbidden Stories, cuya Safebox permite que los periodistas amenazados mantengan a salvo la información sensible en su poder.
Junto a ella, se constituyó un consorcio con The Guardian, la OCCRP y Forbidden Stories para ayudarla a terminar su trabajo, a pesar de las amenazas. Tras varios meses de investigación, los documentos, entrevistas y viajes han revelado que, entre 2018 y 2022, el Estado de México contrató al menos 15 empresas fachada, a través de 40 contratos y por valor de más de 5,000 millones de pesos. Algunos de estos contratos implican a altos representantes del PRI, el partido político que gobierna el Edomex desde hace casi un siglo, así como a nombres ya vinculados a otros grandes casos de corrupción.
En 2021, la periodista sospechaba la existencia de una vasta red de corrupción, formada para financiar la actual campaña política. Para demostrarlo, descargó y analizó más de 200 contratos firmados por el Estado de México entre 2018 y 2022, accesibles desde la plataforma IPOMEX, creada inicialmente con fines de transparencia.
La suspicacia de la periodista es sencilla y se basa en un patrón ya revelado por investigaciones en otros estados mexicanos. Estaba convencida de que algunas de estas empresas se trataban de empresas fachada, que “existen” sobre el papel pero carecen de actividad real o de empleados. Para demostrarlo, decidió viajar por todo el país y visitar las direcciones indicadas en los contratos para comprobar si estas empresas realmente existían. “Me parecía extraño que el Estado de México, el más industrializado a nivel nacional, recurriera a empresas situadas en la otra punta del país [...] Descubrí que muchas de estas empresas tenían sedes ficticias”, explica.
Entre 2021 y 2022, la empresa de limpieza Sevacom se adjudicó doce contratos públicos por un importe total de cerca de 76 millones de pesos, bajo el encargo de organizar talleres de “maquillaje”, “tratamientos faciales”, “costura” y “decoración con globos” en el Estado de México. Según estos contratos, esta empresa tiene su sede en Guadalupe, en el estado de Nuevo León, a 900 kilómetros del Estado de México.
María Teresa Montaño Delgado guiada por la sospecha acudió en persona para ver de primera mano cómo eran las oficinas de la empresa, cuando llegó a la dirección indicada en los contratos, se encontró con una modesta tienda de fachada azul que vendía productos de limpieza básicos a granel, hecho que contrastaba con los millones de euros que estaban en juego en los contratos.
A las preguntas de la periodista, la propietaria de la tienda negó haber firmado contrato alguno con el Estado de México. En respuesta a las solicitudes de información de Forbidden Stories, el Estado de México ha entregado numerosos dossiers con supuestas pruebas de existencia de estas empresas, comprendiendo imágenes y certificados, ninguno de los cuales aporta prueba sólida de los servicios prestados.
Otro elemento sospechoso es que la razón social de la empresa Sevacom, especializada en la “venta de productos de limpieza”, no se corresponde en absoluto con los términos del contrato, en el cual sus servicios se registran bajo la expresión genérica de “ayuda y cooperación”. En el contrato también se mencionan pedidos absurdos, como 22,000 “parrillas eléctricas” para un taller de cuidado facial. Forbidden Stories y sus socios no han localizado ninguna prueba en línea que demuestren la existencia de estos supuestos talleres mencionados en los contratos, y Sevacom no ha respondido a los correos electrónicos, llamadas ni a los mensajes de WhatsApp que le han sido enviados.
La investigación reveló también que en estos contratos están involucradas personas clave del partido en el gobierno del Estado de México: el PRI. De hecho, dos de los doce contratos fueron otorgados por la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México, organismo público cuya misión es combatir la pobreza y reducir la desigualdad.
En el momento de la firma de los contratos, esta institución estaba encabezada por Eric Sevilla Montes de Oca —actual presidente del partido en Edomex—. Tras él, asumió el liderazgo de la Secretaría Alejandra del Moral, que hoy se presenta como candidata del PRI para las elecciones locales de junio de 2023 y que acumula también el cargo de expresidenta del PRI en el Estado de México. Contactados por Forbidden Stories, ninguno de los dos ha respondido a las cuestiones solicitadas.
Mientras el modus operandi de algunas empresas fachada consiste en adjudicarse multitud de pequeños contratos que, en total, terminan constituyendo una gran suma; otras, identificadas por Teresa Montaño, llegaron a obtener contratos con cifras asombrosas.
Es el caso de la empresa Instituto C&A Intelligent, S.C., que entre 2018 y 2019, junto con su socia Fixs Business S.A. de C.V., ganó cinco contratos con la Secretaría de Desarrollo Social para “servicios profesionales y técnicos” que ascendían a casi 2,000 millones de pesos. A estas dos empresas, supuestamente especializadas en la gestión de recursos humanos, se les encargó llevar a cabo la selección, contratación y administración de personal, así como realizar auditorías de seguridad digital.
Las oficinas del Instituto C&A Intelligent, S.C., tal y como se indica en los contratos”, se encuentran en el municipio de Coatzacoalcos, dichas oficinas se ubican en un destartalado escaparate de color naranja, cerrado por verjas oxidadas que parecían no haberse abierto en mucho tiempo. Al preguntarle a una residente del segundo piso de este mismo edificio, respondió que la última empresa que ocupó el local se había marchado hace al menos dos años.
Las oficinas de Fixs Business, socio del Instituto C&A Intelligent, S.C., se encuentran en la ciudad de Puebla, que también visitó la periodista. “Este escenario es bastante común en casos de corrupción y malversación: los servicios los presta una empresa legal, y el dinero se malversa a través otra”, dice Muna Dora Buchahin Abulhosn, exdirectora general de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la agencia antifraude fiscal de México.
El funcionamiento es, pues, bastante simple: Fixs Business, una empresa real, habría servido como aval de Instituto C&A Intelligent, S.C., empresa que no existía, para desviar una parte o la totalidad de la exorbitante suma en juego. Ninguna de las sociedades ha respondido a las preguntas que Forbidden Stories les envió por correo electrónico.
Otra empresa, Zumby Servicios Profesionales, cuya actividad es difícil de probar firmó al menos cuatro contratos por un valor total de más de 2,000 millones de pesos con el Estado de México. Como muchos de los otros contratos sospechosos analizados por el consorcio, tres de los contratos de esta empresa se firmaron a finales del año natural, el 30 o 31 de diciembre —un periodo de festividades y vacaciones durante el cual las instituciones públicas están prácticamente paralizadas—. En respuesta a las preguntas de Forbidden Stories, la Secretaría de Finanzas, órgano responsable de los contratos públicos, explicó que la administración no cuenta con períodos “bloqueados” con el fin de “atender las necesidades de la población de forma permanente”.
Para probar la existencia y actividad de Zumby, el Estado de México aportó fotos de una oficina instalada en un espacio de coworking —pero la oficina en cuestión no ha podido ser localizada—. Las fotos del domicilio fiscal de la empresa, también facilitadas por el Estado de México, no se corresponden con las oficinas visitadas por un miembro del consorcio en esa misma dirección.
Presuntamente, la empresa prestó, por valor de más de 2,200 millones de pesos “servicios profesionales y de asistencia técnica” al Estado de México, otro indicio de potencial malversación de fondos. La prestación de servicios “como recursos humanos, bienes intangibles, software, etc.” se trata, de hecho, de “una de las formas más fáciles de disimular [los contratos ilícitos]”, explican en la publicación de El País.
0 comentarios:
Publicar un comentario