En un mensaje dirigido al Cuerpo Directivo reconoció que este caso pone en entredicho el prestigio de la máxima casa de estudios del país, pero subrayó que no actuarán de manera apresurada ante presiones externas para “hacer juicios sumarios”.
“Con determinación y libertad, y respetando siempre las normas que nos rigen, simultáneamente estamos estudiando las distintas alternativas y las consecuencias que pudieran darse como resultado de acciones sancionadoras adicionales”, dijo.
Graue externó que, una vez que el debido proceso haya concluido, se convocará a la Comisión de Honor del Consejo Universitario para analizar, en conjunto, las diversas opciones y acciones que puedan eventualmente llevarse a cabo.
“Con la fortaleza de la legalidad y la autonomía plena que ejercemos, elementos sustanciales de nuestra identidad, tengan la seguridad de que la UNAM superará este y cualquier otro reto que enfrentemos, defendiendo y consolidando los valores que nos distinguen”, expresó.
Admitió que, tras consultar con la Oficina de la Abogacía General, así como con las direcciones de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la UNAM no cuenta con capacidades para retirar o anular el título profesional de la ministra de la Suprema Corte.
Asimismo, descartó encubrir este caso y, al contrario, dijo que se analizan acciones para corregir los vacíos legales y evitar casos similares en un futuro, por ello, la Comisión de Legislación Universitaria fue convocada para proponer las reformas necesarias a la normatividad de la UNAM.
“La Rectoría de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo, y lo seguiré haciendo, en el marco de la legislación universitaria, no puedo ni debo ir más allá.
“Tengo muy claro que nada de lo anterior redime la indignación que sentimos ante un caso que, como el que nos ocupa, pueda llegar a quedar impune y solo con el descrédito profesional y social”, subrayó.
Enrique Graue anunció que todas las tesis en la UNAM se analizarán con tecnología especializada.
“El Colegio de Directores de Escuelas y Facultades y la Coordinación General de Estudios de Posgrado aprobaron que todas las tesis escritas, antes de pasar a sínodos y jurados, deberán ser analizadas con los implementos tecnológicos específicos”, detalló.
Esto luego de que se determinó rescindir el contrato de Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis de Esquivel, tras aceptar que compartió el trabajo de la ministra con diversos alumnos, entre ellos Édgar Ulises Báez, quien se tituló un año antes con el mismo proyecto en la Facultad de Derecho.
Graue añadió que el supuesto plagio de la tesis presentada por la ministra Yasmín Esquivel y Édgar Báez “ha lastimado severamente” a la institución educativa, así como a la comunidad estudiantil, además de que “es un acto que pone en entredicho la ética laboral de quien lo comete”.
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