El presidente de la Junta de Coordinación Política (jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, insistió en que todos los grupos parlamentarios de manera unánime consideran que los magistrados se excedieron con su resolución, y no se puede garantizar su cumplimiento, por lo que buscarán reunirse con ellos el 2 de febrero.
La reunión será al día siguiente al inicio del periodo ordinario de sesiones y se buscará “un diálogo respetuoso”, informó el también coordinador de los diputados de Morena, quien dijo que tras el encuentro se decidirá cómo proceder con la sentencia.
“El 2 de febrero estamos invitando que vengan, ojalá lo hagan. Va a ser respetuoso, va a ser de altura, para que tengamos entre el 2 y el 10, un anteproyecto ya de cómo procesar tanto las sentencias, sus modificaciones, la integración del comité. Y que el día 14 de febrero, ya avalado por el Pleno, determinada la ruta política y jurídica podamos ya iniciar el proceso”, expuso.
La sentencia, afirmó el diputado Leonel Godoy, vicecoordinador morenista, “invade la soberanía del legislativo y no puede obligar al pleno de la Cámara a acatar esa resolución”. El 23 de diciembre la Sala Superior revocó la convocatoria al proceso de selección de cuatro consejeros del INE y ordenó a la Cámara de Diputados corregirla principalmente en tres puntos.
Estos son: eliminar la participación de la Jucopo –que integran los líderes de las bancadas– en dos momentos de los trabajos del Comité Técnico de Evaluación (CTE), mismo que debe tener autonomía para analizar los perfiles y sólo debe remitirle cuatro quintetas; prever que una de ellas será exclusiva para elegir al consejero presidente del INE y dar garantías de que serán electos consejeros en paridad.
De acuerdo a los coordinadores parlamentarios la orden se dio al pleno de la Cámara –que es la que debe aprobar la convocatoria- y no a la Jucopo, y el TEPJF no puede colocarse encima de la soberanía del pleno legislativo y ordenarle cómo votar.
Es por este argumento que los coordinadores de todas las bancadas consideran que no se puede cumplir la sentencia. “¿Y si el pleno dice que no? ¿Ya no es desacato? ¿Van a disolver el Congreso mexicano tipo Perú? ¿Qué van a hacer?”, cuestionó Mier.
Por eso una de vías que se analiza para resolver el diferendo, informó Mier, fue propuesto por el área jurídica de la Cámara de Diputados, y consiste en declarar que materialmente no es posible acatar el fallo. “Queda el incumplimiento material de la sentencia, la imposibilidad de cumplirla”, expuso.
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