En su columna dominical The Americas, O’Grady dijo que “no hay manera de exagerar el mal juicio del Sr. Salazar. Se trata de las reformas constitucionales a las leyes energéticas de México, propuestas en septiembre por AMLO -como se conoce al presidente- y pendientes de aprobación en el Congreso mexicano.
"Las reformas contravienen directamente los compromisos del país en el marco del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC o USMA) de garantizar mercados abiertos y competitivos y un trato equitativo a todas las partes, extranjeras y nacionales.
La columnista recordó que el mes pasado, la secretaria estadounidense de Energía, Jennifer Granholm, viajó a Ciudad de México para tratar asuntos bilaterales con el Sr. López Obrador y que a pesar de que la secretaria mexicana de Energía, Rocío Nahle, dijera que Estados Unidos no expresó preocupación alguna por el tema de la reforma energética, Granholm dejó en claro que se transmitieron, “expresamente, preocupaciones reales por el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México en la inversión privada de Estados Unidos”. También dijo que esas reformas “podrían obstaculizar los esfuerzos conjuntos de Estados Unidos y México en materia de energía limpia y clima”.
Granholm dejó todo muy claro, dijo O’Grady en su columna, “hasta que el Sr. Salazar decidió ponerse del lado de AMLO, diciendo a los periodistas el jueves que el Sr. López Obrador ‘tiene razón’”. Sobre las declaraciones posteriores en Twitter, la columnista señaló que “el daño está hecho”.
En el texto, titulado: “Un embajador de Estados Unidos se pone del lado de México”, recordó que la reforma energética “obligaría a los generadores privados de electricidad a vender a la estatal Comisión Federal de Electricidad, que fijaría los precios como único comprador y controlaría el despacho a todos los consumidores, dándole un poder de mercado del 100%”, que con ella la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que garantizan “la competencia y la no discriminación en el mercado”, serían eliminadas.
“Al no estar garantizada la igualdad de trato de los inversores ante la ley, el capital se agotaría. Pero eso no le importa a AMLO. Su objetivo es consolidar el poder para que el gobierno pueda planificar y controlar de forma centralizada la industria energética de México y la economía que depende de ella”, aseguró O’Grady, quien alegó que “la soberanía sobre la energía no da a México el derecho a inclinar el campo de juego contra los inversores no estatales”.
De hecho, consideró, “México ya está violando los derechos de las empresas energéticas estadounidenses. Ha confiscado terminales de almacenamiento y ha apuntado a empresas privadas de generación de energía para la cancelación de permisos, incluyendo las renovables de bajo coste.
El embajador Salazar, se quejó, parece no haber leído las solicitudes de ayuda de legisladores estadounidenses a la administración Biden para presionar a México sobre el tema, ni las respuestas emitidas tanto por Granholm como por la secretaria de Comercio, Gina Raimondo, y la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, señalando que “entendemos y compartimos sus preocupaciones con respecto a las reformas constitucionales propuestas por México y las recientes acciones que afectan a las empresas e inversores estadounidenses en el sector energético”.
México, denunció O’Grady, “está inmerso en un asalto al mercado energético norteamericano, un componente clave del USMCA y del desarrollo a ambos lados de la frontera”. En ese sentido, detalló que Estados Unidos “tiene la obligación de llamar a consultas formales.
Sobre Salazar, O’Grady concluyó: “Joe Biden debería encontrarle un nuevo empleo”.
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