En rueda de prensa, Hernán Villarreal, secretario de Movilidad, y José Manuel Valdez, director del Instituto de Movilidad, respectivamente, informaron que las denuncias involucran dos contratos por un monto total de 364 millones de pesos.
Informaron que para el primer caso se habrían de erogar 256 millones de pesos para la compra de unidades, y en el que se entregaron 51 millones de pesos de anticipo.
Sin embargo, se otorgó una prórroga en diciembre del año pasado y se incumplió la entrega de 25 unidades.
Además, denunciaron diferencias en las unidades por las que pagaron originalmente a las recibidas, y que fueron de peor calidad para Rutas Exprés.
“Entre las irregularidades detectadas se presume que la autoridad fue omisa en aplicar la pena convencional contenida en el contrato, misma que asciende a 7 millones 94 mil 400 pesos. También se encontró una diferencia entre las unidades contratadas y las efectivamente recibidas, y existe una presunta irregularidad en el otorgamiento de la fianza”, dijo Villarreal.
En este segundo contrato, el gobierno estatal otorgó prórrogas en mayo de 2021 para la entrega de las unidades nuevas y al final se incumplió su entrega.
Por ello, dijo Villarreal, se optó por anular el contrato en enero pasado.
Ninguno de los funcionarios reveló el nombre de las empresas participantes en los contratos.
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