En el caso de su madre, Gilda Margarita Austin Solís, los fiscales pidieron que también sea enjuiciada y declarada culpable de lavado y asociación delictuosa, y se le impongan hasta 25 años de prisión.
Tras año y medio de iniciado el proceso, de múltiples posposiciones y de fallidas negociaciones por alcanzar un acuerdo, los fiscales enviaron el lunes pasado al juez de control Artemio Zúñiga la acusación por escrito en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos.
En dicha acusación, la FGR sostiene que cuenta con pruebas suficientes para demostrar –lejos de toda duda razonable– que Lozoya recibió más de nueve millones de dólares en sobornos de parte de la constructora Odebrecht, dinero que ocultó en empresas fachada y propiedades en colusión con su madre y otros familiares.
A cambio de este dinero, la constructora brasileña se vio favorecida con contratos en la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto, los cuales les fueron entregados sin que tuviera que competir en licitaciones públicas y en condiciones desfavorables para el Estado mexicano. Esto trajo como consecuencia pérdidas millonarias documentadas por la Auditoría Superior de la Federación.
Debido al nivel jerárquico que Lozoya tuvo en el gobierno al ser director de la empresa pública más grande del país, y a su rol protagónico en el entramado delictivo que permitió la llegada de los sobornos y el posterior blanqueo del capital, el Ministerio Público federal considera que deben imponerse las penas máximas que la ley contempla para cada uno de los tres ilícitos que se le imputan.
De acuerdo con la petición de la FGR, la condena en contra de Lozoya debería alcanzar hasta los 39 años de prisión ya que, además, los fiscales consideran que se trata de ilícitos cometidos de forma independiente y, por lo tanto, las penas deben sumarse y acumularse. La decisión sobre si estas penas son procedentes o no, en caso de que hubiera una sentencia condenatoria, dependerá de un juez especializado en sanciones.
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