En una sesión maratónica, los magistrados del Tribunal electoral concluyeron que si bien sí hay registros de la intervención del crimen organizado en el proceso electoral del pasado 6 de junio, sólo se pudo acreditar su acción en cuatro ayuntamientos: Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho.
Por tal hecho, no se puede anular la elección a la gubernatura, pues no se trata de un hecho generalizado en la entidad.
En estos municipios, correspondientes al distrito 22, acordaron declarar nulos los resultados de las casillas, es decir, alrededor de 46,953 sufragios, sin que esto afectara el triunfo de Ramírez Bedolla, quien obtuvo 37,703 votos.
“Se llega a la conclusión de que si bien existen elementos para identificar un contexto de presencia del crimen organizado en Michoacán, no se acredita una situación generalizada alegada por los promoventes, lo anterior es así, porque no basta con manifestar que terminados actos se basan en violencia electoral para determinar de manera automática su alcance generalizado”, expuso el magistrado Indalfer Infante, promovente del proyecto que declaró la validez de la elección.
En la resolución del Tribunal electoral se incluyó una instrucción al Instituto Nacional Electoral (INE) para crear una política electoral nacional en la cual, reconociendo la existencia del problema y el peligro de la incidencia de grupos criminales en procesos electorales, se establezcan acciones y protocolos concretos al respecto.
El gobernador Silvano Aureoles, quien mantuvo un fuerte activismo para denunciar la intromisión del crimen organizado a favor de Alfredo Ramírez Bedolla, dijo que la decisión del Tribunal electoral era un golpe duro a la democracia pues valida la participación de criminales en los procesos electorales.
No obstante, el mandatario estatal dijo respetar la resolución de los magistrados, pero advirtió que continuará denunciando a Alfredo Ramírez Bedolla llegó a la gubernatura de Michoacán arropado por el narco.
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