Carlos Treviño, exdirector de Pemex, denuncia a Gertz y su mano derecha por posible tortura; acusa caso fabricado

CDMX, El exdirector de Pemex Carlos Treviño Medina presentó una denuncia penal en contra del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y de su mano derecha, el fiscal Juan Ramos, por el posible delito de tortura cometida indirectamente en su contra, al haber presionado a Emilio Lozoya para que presentara una denuncia con hechos supuestamente fabricados, en la que él fue incriminado.

En su denuncia presentada el pasado viernes ante la fiscal especializada en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, Treviño y sus abogados sostienen que las presiones a las que Gertz y Ramos sometieron a Lozoya y su familia, forzándolo a no pelear su extradición, desistirse de amparos y hasta cambiar de abogados, representan una forma de tortura psicológica y emocional contemplada en el artículo 24 de la ley en la materia.

Una tortura de la que Treviño dice ser víctima también, pues a partir de ella Lozoya presentó una denuncia en su contra y de otras personas, a cambio de no ser sometido a prisión preventiva y con la promesa de que, eventualmente, se cancelarían sus procesos. El problema es que los hechos denunciados no se han podido corroborar pues, añade Treviño, son “falsedades”.

Actualmente, hay una orden de aprehensión girada en contra de Treviño por su probable responsabilidad en delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Esto, a partir de una indagatoria que, en efecto, la FGR abrió a partir de los dichos de Lozoya.

“Este proceder y violaciones graves a los derechos del señor Emilio Lozoya, sin perjuicio de su responsabilidad por los sobornos recibidos exclusivamente por él, ha sido catalogado como tortura a la luz de los criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que derivaron de lo resuelto en el Amparo Directo en Revisión 807/2020 y que fueron publicados el pasado quince de julio de dos mil veintidós”, argumenta Treviño.

En el referido amparo, la Corte concluyó que la información que las fiscalías obtengan por cualquier forma de tortura no puede tener valor jurídico, pues son dichos producto de una coacción forzada. Los ministros puntualizaron que quienes realizan los actos de tortura lo hacen, en muchas ocasiones, con el objetivo de producir información incriminatoria susceptible de perjudicar a cualquier persona que se elija acusar.

En el caso en concreto, en la denuncia se señala que justamente este es el escenario en el que se encuentra Treviño, cuyo proceso en contra se inició a partir de las denuncias presentadas por Lozoya en el contexto de coacciones y maltratos a él y a su familia.

“No hubo negociación; hubo tortura, cuyo resultado ha generado en el señor Carlos Alberto Treviño Medina un daño grave, personal y directo, por lo que, de conformidad con el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hay duda de que tiene el carácter de ofendido”, indica la denuncia.