El 13 de septiembre de 2011, un cateo realizado por elementos del Ejército en el fraccionamiento Lomas de los Pilares en Cadereyta Jiménez, concluyó en la detención de nueve integrantes de la organización criminal conocida como Los Zetas y se consiguió la liberación de un menor secuestrado, quien se negaba a trabajar para ellos; los responsables obtuvieran 49 años y tres días de prisión, una multa de 154 mil 564 pesos, y fueron acusados de secuestro, portación de armas exclusivas y delincuencia organizada.
Pero 11 años después de ese cateo, las versiones oficiales son desacreditadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que dirige Rosario Piedra Ibarra, quien emitió la recomendación 06/2022 para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y su titular, Luis Cresencio Sandoval, reparen el daño causado a uno de los criminales ante lo que califican como detención arbitraria, retención ilegal y tortura, realizadas por personal militar.
Aunque la narrativa oficial refiere que la detención se dio “al realizar patrullamientos”, la versión ofrecida a la CNDH por el quejoso y dos testigos más argumenta “toques en los testículos y en las axilas” para inculparse, contradicción que hoy sirve para que el ombudsperson reclame violaciones a los derechos humanos, a la libertad, seguridad jurídica y personal, así como a la integridad personal de uno de los criminales.
La narrativa entregada por el Jefe del 7/o Batallón de Fuerzas Especiales, en Escobedo, Nuevo León, al Comandante de la 7/a zona militar -plasmada en el expediente CNDH/2/2019/2806/Q- describe lo sucedido ese día en Cadereyta en el que se logró el aseguramiento de nueve sujetos, también el aseguramiento de drogas, diversas armas exclusivas del Ejército, vehículos con reporte de robo y en un domicilio se liberó a un menor de edad, quien tendría cuatro días secuestrado; estaría siendo amenazado para trabajar como ‘halcón’ para esta organización, y en caso de negarse, “le cortarían la cabeza”.
El testimonio recabado por psicólogos forense de la Delegación Estatal de la entonces Procuraduría General de la República, hoy fiscalía, dio cuenta del maltrato que recibió el menor, quien relató cómo fue golpeado, y cómo mataron y quemaron a una persona de la cual afirmó era vecino de su propia colonia.
Sin embargo, el testimonio del quejoso, junto con el de otros dos supuestos testigos, recabado por un visitador adjunto de la CNDH en 2019, refiere que el 13 de septiembre 2011, se encontraba cerca de la ubicación referida, cuando se percató́ que elementos de la Sedena circulaban por la calle, quienes lo habrían detenido y torturado.
El detenido en cuestión declaró haber sido trasladado a varios lugares, entre ellos, a una casa abandonada en la que tenían más personas detenidas; lo tiraron al piso, le cubrieron el rostro, lo amarraron de las manos, y comenzaron a pegarle en el estómago, costillas, espalda y glúteos, incluso, acusa haber sido víctima de “toques en los testículos y en las axilas”, lo que lo obligó a inculparse.
0 comentarios:
Publicar un comentario