El gobierno de México presentó documentos de réplica para responder a la petición las empresas demandadas para que se frene el litigio que se encuentra en la Corte Federal de Distrito de Boston, Massachusetts, argumentando que gozan de inmunidad en contra de demandas civiles por daños. Los documentos de las autoridades mexicanas incluyen un reporte de expertos legales, que abona al argumento de que el daño ocurrió en territorio mexicano, y también un análisis econométrico, para establecer el número de armas traficadas en los últimos años.
Aunado a esto, algunos países, especialistas, organizaciones, víctimas y entidades gubernamentales de Estados Unidos, entre ellos, 14 procuradores estatales —contando al de Massachusetts— y 27 fiscales de distrito, presentaron escritos independientes como amigos de la Corte, en respaldo de los argumentos de México. Los procuradores y fiscales manifestaron su interés en que Massachusetts continúe el litigio y establecieron que la ley PLCAA (Protection of Lawful Commerce in Arms), con la que los productores piden frenar el caso, no otorga inmunidades cuando se viola una ley estatal, en línea con el argumento del gobierno mexicano.
En la respuesta mexicana destacan datos como el hecho de que entre 2011 y 2020 alrededor de 250 mil armas, pistolas y rifles de tipo militar provenientes de Massachusetts, entraron de manera ilícita a México.
El propio canciller Marcelo Ebrard Casaubón dio cuenta en sus redes sociales de estos datos al afirmar que las empresas señaladas han fabricado estos productos, los cuales se han decomisado al crimen organizado en diferentes operativos en el país: “250 mil armas provenientes de Massachusetts fueron confiscadas en México, todas vinculadas a homicidios y delitos contra nuestra sociedad. Por eso la demanda y por eso ganaremos. No más armas”.
“Se demuestra relación causal entre las acciones de las empresas y los daños que sufre México al mostrar el número de armas de las empresas que fueron encontradas en suelo mexicano, procedentes de Massachusets”.
La respuesta mexicana, de 46 páginas, enfatiza que las empresas de la industria armamentística estadunidense demandadas por el gobierno de México “diseñan y fabrican armas de guerra”, las cuales comercializan y venden sin cuidados y conociendo que habitualmente son adquiridas por los cárteles de la droga.
Agrega que esto tiene impactos y daños “devastadores” tanto contra el gobierno como contra los ciudadanos de México, y argumenta que los demandados “violan” tanto las leyes de Estados Unidos como las de nuestro territorio.
En información dada a conocer este martes por la Secretaría de Relaciones Exteriores –que presentó la denuncia contra las armeras en agosto del año pasado— se subraya que las empresas demandadas “no gozan de inmunidad por daños causados en territorio mexicano”.
0 comentarios:
Publicar un comentario