La Primera Ministra Mirtha Vásquez dijo la noche de jueves que se ha dispuesto el impedimento de salida del buque Mare Doricum que “ha estado involucrado en este hecho” y que si la nave decide abandonar el país debe pagar una fianza de 37.5 millones de dólares.
Fratelli d’Amico Armatori S.p.A, propietaria del buque, dijo en un comunicado que la nave está “anclada de forma segura” frente al puerto de El Callao, sin informes de “ningún daño”.
Perú declaró en emergencia ambiental al país luego de recomendar no asistir a 21 playas en la costa del Pacífico por estar contaminadas tras un derrame de seis mil barriles de petróleo desde el sábado, un suceso que el gobierno califica del peor desastre ambiental en su capital en los últimos tiempos.
El 20 de enero se informó que el área afectada por el derrame de petróleo ocurrido el sábado pasado en una refinería operada por Repsol en Perú ya supera los 2.9 kilómetros cuadrados de mar y costa, informó este jueves el organismo público a cargo de la supervisión y fiscalización ambiental.
A través de un comunicado divulgado en las redes sociales, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa), adscrito al Ministerio del Ambiente, calcula que son 17 las playas afectadas con hidrocarburos, las cuales se extienden a lo largo de unos 50 kilómetros del litoral peruano, desde la Refinería La Pampilla, ubicada en el distrito de Ventanilla en la provincia del Callao, hasta la playa Peralvillo, en el municipio de Chancay.
Por otro lado, el organismo informó que exigió a la refinería la entrega para este mismo jueves de un reporte sobre el avance de la ejecución de las actividades que debe cumplir según las medidas administrativas que dictó el propio OEFA y que dan hasta 10 días a la empresa para limpiar las zonas afectadas por hidrocarburos.
De forma paralela, y según se desprenda de las investigaciones iniciadas por presunta contaminación ambiental, la compañía afronta una posible sanción económica que podría alcanzar los 138 millones de soles (unos 36 millones de dólares), según adelantó el ministro del Ambiente, Rubén Ramírez.
En ese contexto crítico en materia ambiental para el Perú, el Presidente Pedro Castillo firmó este jueves un decreto supremo que declara de interés nacional la emergencia climática y obliga al Estado a asumir “compromisos concretos” para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático.
“Esta norma es una apuesta por un país más justo y más solidario, donde el daño ambiental que causan las empresas tiene que ser frenado”, declaró Castillo desde la playa Cavero, una de las más afectadas.
El mandatario acudió a esta zona del distrito de Ventanilla acompañado del titular del Ambiente y de la primera ministra, Mirtha Vásquez, quien anunció que el Gobierno logró un acuerdo con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas para enviar al país un equipo de “expertos en desastres ambientales para asumir la labor de asesoramiento gratuito al Estado peruano”.
0 comentarios:
Publicar un comentario