El proyecto de resolución menciona que, ajustando su presupuesto, estableciendo metas de ahorro más los 800 millones etiquetados por los diputados para la revocación de mandato, lograría recursos por dos mil 19 millones de pesos, por lo que el faltante, para sumar tres mil 800 millones de pesos, serán solicitados a la Secretaría de Hacienda.
En adición, el INE envió oficios a diversos proveedores, entre ellos la CFE, Talleres Gráficos de México y a los Órganos Públicos Electorales de las entidades para solicitar reducción en cobro de servicios y participación gratuita de personal de los institutos locales electorales en la instalación de casillas.
También, se explorará el utilizar las urnas electrónicas con las que cuenta el INE, y los institutos electorales de Jalisco y Coahuila.
El ajuste más grande que tendría que hacer el INE sería de 419 millones de pesos en capacitación electoral, acortando los periodos de contratación de capacitadores y supervisores, así como disminuyendo sus recursos para trabajo de campo y aumentando el número de casillas que cada capacitador tendrá que vigilar el día de la jornada de consulta.
En total, 524 millones de pesos en ahorros en la segunda propuesta de ajustes presupuestales luego que el Tribunal Electoral ordenara al INE hacer un esfuerzo más para obtener recursos extras.
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