El pasado jueves, el secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo tuvo una reunión con los integrantes de la Junta Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, en donde los directores de las unidades técnicas y el equipo de abogados de la autoridad electoral, coincidieron en la necesidad de presentar una impugnación ante el acuerdo provisional que la Suprema Corte emitió el miércoles por la noche.
Las dos opciones que se pusieron sobre la mesa fueron un recurso de reclamación y un incidente de aclaración del acuerdo, ante la posición en la que se encuentra la autoridad electoral para continuar los trabajos de la revocación de mandato sin el dinero necesario y por lo tanto, sin la certeza de en qué dimensiones debe continuar.
El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando existe una inconformidad con lo ordenado; mientras que los incidentes de aclaración se dan cuando existe confusión o poca claridad en el acuerdo emitido.
En este caso, el equipo técnico y legal del INE analizó que las actividades que tienen programadas para enero conforme al calendario previamente aprobado, implica iniciar con la contratación de más de 30 mil capacitadores electorales, con el recorrido en los domicilios de más de 12 millones de personas para que sean funcionarias de casilla y la impresión del material electoral necesario para la instalación de 162 mil casillas como en la pasada elección federal.
Sin embargo, al no contar con una resolución de fondo que permita al árbitro electoral tener claridad sobre las condiciones y dimensiones en que tendrá que realizar este ejercicio, solicitarán que la Suprema Corte resuelva el camino a seguir.
El plazo legal para esta impugnación es de cinco días, pero debido al receso de labores de las y los ministros, los tiempos comenzarán a correr a partir del 3 de enero.
Las áreas técnicas se encuentran elaborando un plan para acatar la orden de la Corte de manera provisional, que sería avalado por la Junta General Ejecutiva para retomar las actividades a inicios del 2022 y asimismo, las áreas técnicas ya cuentan con un “plan B” que implica la instalación de 65 mil casillas con mil 500 millones de pesos, es decir, el 40 por ciento de las 162 mil que exige la ley en dimensión de una elección federal, para lo que se requieren tres mil 830 millones de pesos.
Algunas consejeras y consejeros han propuesto que se abaraten otro tipo de costos para poder llegar hasta a 90 mil casillas, lo que también el INE consultará con la SJCN para saber si puede desde enero, comenzar con un plan de menor dimensión en tanto resuelve de fondo la controversia constitucional, una vez que el 3 de febrero se sepa si existen 2.7 millones de firmas válidas para que el instituto deba lanzar una convocatoria el 4 de febrero.
Mientras tanto, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el magistrado Felipe Fuentes Barrera ya se encuentra analizando la impugnación presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que a nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador interpuso un juicio contra el acuerdo del INE; y siguen en espera de que llegue a la Sala Superior la impugnación de Morena para que se asigne a alguna de las magistraturas.
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