Morena en Michoacán pide ir por Aureoles y la empresa de Álvarez Puga por espionaje

Michoacán, 11 noviembre 2021.- El exgobernador Silvano Aureoles Conejo (2015-2021) y la empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, deben ser investigados por la actual administración de Michoacán, exigieron diputados locales de Morena, quienes tienen una denuncia en contra del perredista por haberlos amenazado a través de mensajes de texto.

“Estamos exigiendo que se investigue tanto a la empresa como al exgobernador y los implicados que tienen que ver en este espionaje, por eso es que desde Morena hacemos este llamado”, dijo en entrevista Giulianna Bugarini Torres, dirigente estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Bugarini Torres y el Diputado local Juan Carlos Barragán Vélez mantienen una denuncia contra el exgobernador ante la Fiscalía estatal de Michoacán por amenazas. Ambos acusan que fueron perseguidos por Silvano Aureoles y aseguran que esta red de espionaje que se acaba de descubrir ayudará a su denuncia.

Este lunes, el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que Silvano Aureoles habría comprado un software de espionaje a una empresa de Víctor Manuel Álvarez Puga, buscando junto con Gómez Mont por la Interpol en 195 países.

La presunta red de espionaje montada en la administración de Aureoles Conejo (2015-2021) se hizo a través de un contrato en 2017 por la cantidad de 19.5 millones de dólares para el monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo el estado de Michoacán y en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.

Ramírez Bedolla dijo que no se sabe a quiénes espiaban ni con qué fines. No obstante, señaló que en la pasada administración se utilizaba un modelo de fraude mediante el arrendamiento, pues mencionó que se rentaban patrullas, el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C-5), helicópteros e incluso cuarteles de la policía.

“Entendemos que una parte del contrato se pagó y otra no. Y se retiraron los equipos, por tanto, es un contrato donde no está determinado cómo establecieron ese monto de 19 millones de dólares y qué reportes tenían que entregar. Lo que detectamos es que el Gobierno anterior utilizaba un modelo de fraude con base a arrendamientos, rentaban las patrullas, rentaban el C5, rentaban software de este tipo y los equipos de salud”, detalló Bedolla.

Esta semana, el periodista Salvador García Soto, columnista de El Universal, dio a conocer que en el Gobierno de Silvano Aureoles se contrató a una empresa tecnológica e informática, propiedad de Álvarez Puga, a la que se pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021 para instalar y operar un sistema de espionaje.