“El equipo de revisión de operaciones extranjeras comenzará inmediatamente el proceso de revisión formal de toda la agencia”, informó la DEA.
Aunque la DEA tiene 91 oficinas en 69 países, el equipo de revisión inicia luego de casi siete meses que el gobierno de México ha retrasado otorgar visas a oficiales de esa agencia antidrogas.
México tiene congeladas las visas de 12 agentes de la agencia relacionados con el caso del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Ese equipo va a realizar “una revisión integral de la estrategia de operaciones de la DEA en el extranjero, para evaluar la efectividad, las fortalezas y las áreas que pueden mejorar”, informó la institución.
El grupo especializado lo encabezan el exadministrador de la DEA Jack Lawn y Boyd Johnson, abogado experto del bufete internacional WilmerHale.
La administración antidrogas enfatizó que “Jack Lawn es una leyenda de la DEA”. Fue administrador adjunto de la DEA, administrador interino y administrador confirmado por el Senado. Lawn supervisó operaciones internacionales de la DEA durante ocho años.
Por su parte, “Boyd Johnson es abogado asociado de WilmerHale, con experiencia especializada en revisiones transfronterizas en todo el mundo, incluidos esquemas globales que involucran corrupción, lavado de dinero y fraude”, informó la agencia antidrogas.
Johnson también se desempeñó como fiscal federal asistente en el Distrito Sur de Nueva York, donde realizó y supervisó investigaciones en las ocho regiones globales de la DEA.
El pasado 26 de agosto la DEA anunció que revisaría sus operaciones en el extranjero por recomendación de la Oficina del Inspector General (OIG), una división del Departamento de Justicia para asuntos internos del gobierno federal, pero no dio más detalles sobre los motivos.
La OIG aplicó una auditoría a la DEA este verano y recomendó que esa agencia antidrogas documente acuerdos con los países que la acogen.
“Los programas (internacionales de la DEA) deben tener el respaldo y la aprobación de la nación anfitriona. Esta aprobación se documenta mediante acuerdos firmados que definan claramente los objetivos y términos de la asociación, la composición de las unidades, y los requisitos de formación e investigación de antecedentes”, dijo a OIG.
“Descubrimos que la DEA no aseguró estos acuerdos y que esto aumenta el riesgo de que la DEA y una nación anfitriona puedan tener un entendimiento incongruente de programas, requisitos, salvaguardas y metas”, agregó la OIG tras la auditoría.
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