En un acto realizado durante su visita a Ensenada, Baja California, se produjo la firma del decreto, que iniciará en los siete estados que tienen frontera con Estados Unidos: Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Baja California Sur.
Durante el acto, en el que estuvo acompañado por el gobernador Jaime Bonilla y por miembros de su gabinete como el secretario de gobernación, Adán Augusto López, el mandatario señaló que tan solo con la regularización de más de 500 mil automóviles que circulan en Baja California de manera ilegal, se podrán recaudar casi 300 millones de pesos que se quedarán en la entidad.
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Roca Icela Rodríguez, señaló que este tipo de vehículos suelen ser utilizados por grupos de la delincuencia organizada para cometer delitos, de ahí la importancia de avanzar en la regularización para que dejen de estar en el anonimato, estos vehículos y puedan llevarse a cabo las investigaciones para dar con los responsables de la violencia”, mencionó la secretaria.
Precisó que la regularización se dará mediante un pago fijo cercano a los 2 mil 500 pesos, a partir de que entre en vigor el decreto y que con los recursos obtenidos se realizarán mejoras en las vialidades e inversiones en materia de seguridad.
Para la implementación de los mecanismos que harán efectivo el decreto, la Secretaría de Gobernación se coordinará con las de Economía, Hacienda y de Seguridad y Protección Ciudadana.
El presidente dijo estar “muy contento con el pueblo de Baja California” que con su voto impidió que la coalición opositora tomara el control de la Cámara de Diputados. Lamentó que PRI, PAN y PRD presentaran un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que se realice la consulta de revocación de mandato el próximo año.
El pasado viernes, el director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, explicó en entrevistas que, pese a que el ingreso de autos “chocolate” al país es un delito grave, en vez de corregirlo y sancionarlo, se le da carta de legalización.
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