Mediante un pronunciamiento público, consideró “desmedida” la petición de la FGR “en contra de 31 miembros de la comunidad académica y científica de nuestro país”.
“Todas las personas implicadas en estos señalamientos colaboraron con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. en sus actividades sustantivas en ejercicio de las atribuciones y con la responsabilidad que les confería la Ley de Ciencia y Tecnología vigente”, menciona el texto.
El Consejo Técnico manifestó su preocupación por “las expresiones que desacreditan de manera indiscriminada la actividad científica y de la comunidad académica nacional, poniendo en duda su relevancia y el correcto ejercicio de recursos públicos sin exhibir pruebas de ello”.
“Lo anterior no puede más que generar un clima injustificado de desconfianza hacia el sector académico y sus instituciones, que son tan necesarios para el desarrollo y para la formación de las nuevas generaciones, con la preparación y espíritu crítico que requiere nuestro país”, señaló.
Agregó que la comunidad académica ha demostrado repetidamente que contribuye con hechos a la solución de problemas nacionales, con generación y aplicación de conocimiento original y formación de personal y en estrecha colaboración con los sectores de gobierno y de la sociedad.
Por lo tanto, enfatizó que la actividad académica está constantemente supervisada por comités de pares nacionales e internacionales, por instancias de gobierno que vigilan el cumplimiento de programas de trabajo, la pertinencia y calidad de la investigación y simultáneamente por aquellas que velan por un ejercicio transparente y adecuado de los recursos, con las atribuciones necesarias para sancionar en su caso conforme a la normatividad vigente.
“La Universidad Nacional considera con la mayor seriedad y responsabilidad esta supervisión por parte de los órganos del estado con facultades para llevarla a cabo. Año con año, rinde cuentas transparentes y revisa de manera periódica el cabal cumplimiento de la normatividad para optimizar el uso de los recursos públicos”, mencionó.
Por lo anterior, el Consejo Técnico se manifestó a favor de que las acciones en torno al caso “se realicen con estricto apego a derecho”, al tiempo que rechazó las “expresiones infundadas hacia la comunidad académica que solo generan desconcierto y polarización en la sociedad mexicana”.
El miércoles de la semana pasada, la FGR aseguró que volverá a solicitar una orden de aprehensión contra los exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por la presunta comisión de delitos de carácter patrimonial.
A través de un comunicado, anunció que, en su nueva solicitud, explicará lo que considera un hecho delictivo patrimonial imputable a 31 académicos y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, luego de que un juez federal con sede en el penal federal de Almoloya, Estado de México, negará en definitiva las órdenes de aprehensión solicitadas.
“El Ministerio Público de la Federación no coincide con ese criterio y apoya las denuncias por delitos de carácter patrimonial que se intentan judicializar, exponiendo ampliamente sus fundamentos, motivaciones y pruebas que deben necesariamente de valorarse en su totalidad y hacerse públicas”, enuncia el comunicado.
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