Al recordar el marco internacional en la materia, la CIDH recordó que “el uso de la fuerza en operativos migratorios debe regirse por principios de finalidad legítima”.
En un pronunciamiento en torno al despliegue del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional que está realizando el gobierno mexicano, puntualizó que los operativos con el uso de la fuerza deben efectuarse cuando exista “absoluta necesidad, proporcionalidad, progresividad, no como respuesta a la formación de movimientos migratorios a gran escala”.
En este contexto urgió al Estado mexicano a garantizar procedimientos eficaces de reconocimiento de condición de las personas refugiadas o con protección complementaria; respetar la prohibición de devolución y brindar asistencia humanitaria a las personas en las caravanas migrantes.
La CIDH reconoció que, conforme a información pública, el INM ha iniciado procedimientos administrativos contra algunos de los agentes.
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