Ante esta situación, este movimiento que aglutina a la Unión Nacional de Padres de Familia, Fundación Seamos Héroes y Unión de Mujer, presentó un amparo, con él que solicitó que el Poder Judicial interceda para que el gobierno federal garantice la seguridad y derechos humanos de los menores de edad ante el inminente regreso de las clases presenciales.
El jueves el juez Noveno de Distrito en materia Administrativa instruyó a la Secretaría de Educación (SEP) a detallar, en un lapso no mayor a 24 horas, cuáles son las medidas de protección que se contemplan en los protocolos sanitarios con los riesgos de contagios de Covid-19.
De esta forma, las autoridades educativas deberán presentar el informe sobre estas especificaciones, el cual, acusó el Movimiento Educación con Rumbo, no se ha acreditado pese a que ya se prepara el regreso a clases presenciales.
Tras confirmarse que se otorgó el amparo, la organización apuntó que no se busca frenar el regreso a las escuelas. Aclaró que solo se pide revisar y evaluar los criterios que se buscan establecer para la vuelta de las actividades presenciales en los planteles educativos.
Cabe señalar que el jueves se reunieron representantes de las secretarías de Gobernación, Salud, Educación y Economía, con representantes de los 32 gobiernos estatales. En el encuentro el subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer que la educación recibirá la etiqueta de actividad esencial. Esto con la finalidad de permitir el regreso a las escuelas pese a que el semáforo de riesgo epidemiológico se encuentre en rojo.
El funcionario argumentó que el retorno de las actividades presenciales en otros países no ha generado rebrotes de contagios, por lo que se tomó esta decisión.
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