Mientras en la mayoría de los hogares españoles se cuida hasta el mínimo detalle para poner a funcionar una lavadora, un horno o un lavavajillas –siempre en horario en el que la tarifa no sea estratosférica–, en el consejo de administración de Iberdrola hay una gran preocupación: el futuro inmediato de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en el terreno judicial, pero, sobre todo, la inquietud de saber hasta donde llegarán las investigaciones abiertas en las que se presume que la empresa energética no sólo espió y chantajeó a competidores, líderes sociales y de opinión contrarios a sus intereses, sino que también creo una inmensa red de complicidades para liderar lo que hoy es un escándalo sin filtros: el trucaje o manipulación de las tarifas de energía con que se abastece la sociedad.
En la factura que cada mes llega a los hogares españoles hay al menos 50 por ciento de factores internos del mercado, sobre todo la liberación del precio y la especulación. Pero también hay 50 por ciento que depende directamente del gravamen fiscal que aplica el gobierno español.
En este escenario, de crisis sanitaria y económica, España lleva al menos un año encadenando una serie de alzas de la tarifa eléctrica que ya se tildan sin tapujos de escandalosas, de hecho se ha conseguido que cada semana se hable del récord del máximo histórico del precio de la luz. A la espera del próximo, que presumiblemente será el de la próxima semana. Y así sucesivamente.
Mientras tanto, en la empresa que ha controlado el sector en las últimas décadas, Iberdrola, que además tiene enormes y poderosos intereses en otros países, entre ellos México, preocupa sobre todo el futuro judicial de su presidente, Sánchez Galán, y que se den a conocer lo métodos, presuntamente ilegales, que han utilizado para controlar las tarifas, acallar a adversarios y coaccionar a líderes sociales y de opinión.
El escándalo se descubre, en parte, gracias a las declaraciones y grabaciones que ha hecho y entregado al respecto el que fuera su espía de cabecera –así como el de otros grandes empresarios y multinacionales españoles–, el ex comisario José Manuel Villarejo.
Esas declaraciones se complementan con auditorías y análisis independientes, como el de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que ya forma parte del sumario, y advierte que Iberdrola fue el máximo responsable de una manipulación de los precios mediante la especulación en el mercado.
El informe advierte que Iberdrola Generación llevó a cabo una retirada económica de capacidad, al realizar ofertas al mercado diario de producción de las unidades de gestión hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a precios artificialmente elevados, lo que provocó que éstas no resultaran despachadas en el mercado. Es decir, que Iberdrola redujo considerablemente las aportaciones de las unidades hidráulicas más baratas, aumentando el diferencial de precios en unos siete euros el megavatio.
Además, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional, encargada de las investigaciones de los casos de espionaje del excomisario Villarejo, ha localizado nuevas anotaciones que implican a más directivos de Iberdrola en las presuntas operaciones de espionaje. Los agentes remitieron el pasado 17 de junio un oficio al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional con frases redactadas por el policía sobre sus trabajos encubiertos para la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. Entre los nuevos mencionados, figuran Asís Canales, actual director de compras y miembro del comité de dirección de la cotizada, y Víctor Rodríguez, ex director nacional de Iberdrola Renovables.
Mientras avanza la investigación judicial, en las casas de España se mira con recelo el avance sin tregua del precio de la luz. Y, sobre todo, se sigue pensando más de una vez qué poner a funcionar, la lavadora, un lavavajillas o la secadora.
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