Un grupo de defensa ciudadana y la firma AWO, especialistas en derechos de datos, entregaron una carta en donde acusan a la Agencia de Salud Pública de Inglaterra (PHE) de ocultar información sobre la propagación de la variante B.1.617.2 en las escuelas, por lo que piden que esta dependencia enfrente procedimientos legales por poner en riesgo a la población, y por violar la autonomÍa que tienen por ley.
Los demandantes aseguran que esta dependencia tenía un reporte sobre la propagación de esta peligrosa variante en las escuelas fechado para el 13 de mayo, pero que las presiones de la oficina del primer ministro, Boris Johnson, frenaron la publicación y la redujeron a un “juicio independiente” que tampoco se divulgó entre la población.
A esta acusación se suman otras exigencias del Partido Laborista que señalan que la decisión sobre una posible reapertura debe estar guiada por evidencia científica, algo que el actual gobierno no ha tomado en cuenta por estar enfrascado en conflictos internos que buscan acelerar algunos procesos sin tener la información completa.
Expertos en salud pública han señalado que no se trata de renunciar a la reapertura total de las actividades, sólo prolongar esta decisión un poco hasta que el peligro de esta nueva variante se pueda estimar y los efectos de esta tercera ola desaparezcan, especialmente en los grupos más vulnerables.
Asesores de diversos ministros también han señalado el posible efecto negativo que esta medida podría tener sobre los esfuerzos de vacunación y su avance, especialmente en un momento en el que el país se encuentra cercano a las metas de inmunización colectiva propuestas por la Organización Mundial de la Salud.
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