sábado, 29 de mayo de 2021

Investigan a Alito Moreno por desvío de 59 mdp

Campeche, 29 mayo 2021.- Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, ex gobernador de Campeche y actual presidente nacional del PRI, fue denunciado ante el SAT por presuntos hechos violatorios a la regulación fiscal.

De acuerdo con la denuncia, presuntamente durante su administración suscribió contratos de arrendamientos, servicios y obra pública con al menos 31 empresas que se encuentran en la “lista negra” del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el Código Fiscal Federal, las empresas que se encuentran en la denominada “lista negra” del SAT son “contribuyentes que emiten comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan dichos comprobantes, o bien que dichos contribuyentes son utilizados por servidores públicos con la finalidad de desviar recursos públicos para obtener un beneficio propio”.

Señala la denuncia que en 2017 se realizaron 68 operaciones por un monto de 33 millones 108 mil 413 pesos con 27 empresas y una persona física; en 2018 fueron 37 operaciones por un monto de 24 millones 903 mil 306 pesos; y en 2019 fueron cinco operaciones, por un valor de un millón 924 mil 146 pesos.

En total, estas erogaciones, hechas a 31 empresas y personas físicas, suman 59 millones 935 mil 865 pesos, lo cual, refiere la denuncia, “probablemente generó un beneficio económico a los mismos, en perjuicio de los habitantes del Estado de Campeche, y del fisco federal, por la presunta adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Ante ello, se solicitó una investigación sobre las operaciones, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes.

La denuncia, presentada el 26 de mayo pasado, también solicita investigar a un sobrino de Moreno Cárdenas, y a América del Carmen Azar Pérez, exsecretaria de Finanzas de Campeche, por la celebración de las contrataciones durante los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019, operaciones que podrían constituir los delitos de defraudación fiscal y sus equiparables.

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