El diputado local del PRD, Octavio Martínez Vargas presentó ante el pleno de la LVIII Legislatura una iniciativa para expedir la Ley de Nacional de Reinserción Social y Ejecución de Penas, la cual tiene como objetivo respetar los derechos humanos de los internos y modernizar el Sistema Penitenciario, con esta se eliminaría la actual Ley sobre las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.
Aseguró que se pretende respetar el derecho fundamental de la persona que ha delinquido, esto es la reinserción social. La propuesta está estructurada por seis Títulos: Disposiciones Generales, del Sistema Penitenciario de los Centros de Reinserción Social, de los Internos, de los Consejos Interdisciplinarios, Ejes de Reinserción Social y Ejecución de la Sentencia.
La iniciativa la componen el respeto a las diferencias culturales, la protección a la libertad psicosexual, se retoman algunos de los derechos y obligaciones que previamente estaban mencionados en la ley vigente, se considera idóneo acortar el tiempo en que una madre puede continuar con la custodia de su hijo a cuatro años, así mismo, establecen las bases para el sistema de disciplina.
Además, se otorga competencia al Poder Judicial, a través del juez de ejecución de sentencia; se previenen facultades adicionales a la autoridad administrativa encargada de la reinserción social, dejando su denominación abierta, con la finalidad que el Ejecutivo en usos de sus atribuciones, designe su denominación sin necesidad de hacer reformas adicionales a la ley que se pone a consideración de este H. Pleno.
Se sistematizan las facultades de los Consejos Interdisciplinarios y se les otorgan facultades adicionales a los Consejos Internos, como el de aplicar y dictaminar el tratamiento para contrarrestar los efectos negativos del encarcelamiento y los destructivos cambios de personalidad que acompaña la prisión.
Por otra parte, se propone la adopción de disposiciones preventivas para inhibir el acceso de los infantes a los centros de prevención y de reinserción social, y los que entren para visita, pues se mandata a tener lugares específicos para evitar la familiarización del menor con los centros penitenciarios.
Finalmente, se considera la creación de un sistema de privilegios para los internos que observan buena conducta; con ello, mantener las limitaciones a la concesión de beneficios a los sentenciados por los delitos de secuestro, homicidio doloso con modificativas que lo califiquen o lo agraven, violación y robo que ocasione la muerte, debiendo llevar a cabo su tratamiento de reinserción social por todo el tiempo de duración de la pena temporal.
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