«La Comisión insta al Estado nicaragüense a poner fin inmediato a la persecución y las detenciones arbitrarias, y liberar de inmediato a todas las personas que se encuentran detenidas», dijo esta entidad de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en un comunicado.
Ortega, en el poder desde 2007, enfrenta desde abril de 2018 una crisis política detonada por protestas masivas pidiendo su salida. Estas manifestaciones dejaron 328 muertos, 2 mil heridos, mil 600 detenidos y más de 103 mil exiliados, según el MESENI, grupo especial de la CIDH para seguimiento en Nicaragua.
«Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y el prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho», subrayó la CIDH.
En las últimas semanas, a las más de cien personas que permanecen privadas de la libertad por motivos políticos se sumaron 16 detenciones. Entre precandidatos presidenciales, activistas sociales, empresarios y exguerrilleros de la revolución sandinista que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. Cabe recordar que Ortega fue uno de sus líderes de este régimen.
La seguidilla de arrestos en Nicaragua comenzó el 2 de junio con la detención de la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, hija de la ex mandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), a quien acusan de lavado de activos.
También están detenidos el exdiplomático Arturo Cruz, el politólogo Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro, primo de Cristiana. Todos son posibles adversarios de Ortega, quien se estima buscará un cuarto mandato consecutivo en los comicios previstos para el 7 de noviembre.
La CIDH recordó que salvo Cristiana Chamorro, todos fueron arrestados en virtud de la «Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz», una cuestionada iniciativa que castiga con cárcel a las personas que supuestamente promueven la intervención extranjera.
La Comisión también denunció un «empleo desproporcionado de la fuerza» por parte de la policía en el momento de las detenciones. Y dijo que muchos familiares de los detenidos no tienen información sobre los sitios de reclusión. Además, señaló la falta de garantías legales para ellos.
En particular, expresó su preocupación por el estado de salud de José Pallais, exviceministro de Exteriores durante el gobierno de Violeta Chamorro, detenido el 9 de junio. Este opositor a Ortega «habría sufrido una descompensación y se encontraría en estado delicado», dijo.
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