El documento señala: “La Guardia Nacional continuará únicamente bajo el mando administrativo de la Sedena, quedando bajo el mando operativo de la “SPSC” (sic), realizando convenios en el marco de colaboración, continuando con los beneficios proporcionados por la Sedena, debiendo cuidar el lenguaje implementado, considerando que solo podrán realizar solicitudes y no ordenar”.
Ello significa que todos los recursos, incluidas las plazas, los va a seguir manejando la Sedena, y en cuestiones operativas la instrucción es que la SSPC solamente podrá sugerir, no ordenar.
Uno de los elementos de la Guardia Nacional consultados por medios sobre el tema considera que, con esta instrucción, “la Guardia Nacional y sus integrantes no sufrimos ningún cambio, ya que realmente no hay nadie en la SSPC que lleve la cuestión operativa, toda la lleva la Sedena, ya que sabemos que (la secretaria de Seguridad) Rosa Icela (Rodríguez) sabe de seguridad lo que yo sabría de astrofísica”.
De acuerdo con otro oficio, hasta ahora la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) es la única dispuesta a acatar la disposición de la SCJN.
Integrantes de esta corporación que fueron comisionados a la GN ya solicitan la “reasignación a la fuerza armada de origen ‘Secretaría de Marina (Semar)’”, en respuesta a un oficio en que la corporación indica a su personal que todo el que no desee quedarse en la Guardia Nacional envíe una solicitud para pedir el cese de la comisión, a fin de reincorporarse la Unipolnav (Unidad de Policía Naval). Ese oficio advierte que la fecha límite para solicitarlo será el próximo 28 de febrero.
En 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador envió un decreto para que la Sedena asumiera la administración, las funciones orgánicas, así como la operación de la Guardia Nacional, el cual fue aprobado por los legisladores de Morena pese a que se estaba violando al artículo 21 Constitucional, que establece el carácter civil de las instituciones de seguridad pública.
Esta decisión fue impugnada por legisladores, partidos opositores y organismos de la sociedad civil, y en abril de 2023, la SCJN declaró la invalidez del decreto presidencial.
En cumplimiento de la sentencia, el 1 de enero pasado la Sedena debió realizar la transferencia de todas las atribuciones y facultades de la Guardia Nacional a la SSPC, pero esto no ha sucedido.
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