jueves, 21 de julio de 2022

EU activa arma del T-MEC en desacuerdo con la política energética de México

Washington, USA, 21 julio 2022. Estados Unidos activo una de las armas de solución de controversias contenidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en desacuerdo con la política energética implementada por el presidente López Obrador y cuyo fin principal ha sido poner en el centro a las dos compañías estatales que perdieron poder de mercado con la reforma de 2013.

El gobierno estadounidense, a través de su Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), habría enviado al gobierno mexicano un documento para solicitar la realización de consultas en torno a la política energética mexicana. Las consultas son un mecanismo contenido en el acuerdo comercial, y uno de los pasos previos al establecimiento de un panel de solución de controversias. "Hemos tratado de trabajar constructivamente con el gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero, desafortunadamente, las empresas de Estados Unidos continúan enfrentando un trato injusto en México", se lee en el borrador del documento que anuncia la medida.

Las partes tendrían 30 días para comenzar con el proceso de consultas y todas las discusiones se llevarían a cabo de manera confidencial. De no llegar a un acuerdo sobre las disconformidades, una de las partes podrá solicitar el establecimiento de un panel, según los lineamientos del tratado comercial.

El anuncio se da solo una semana después de que los presidentes de ambos países se reunieron en Washington y de que se informaron –aún sin detalles– inversiones del sector privado estadounidense por aproximadamente 40,000 millones de dólares en el mercado energético mexicano, principalmente en asociación con la estatal Pemex y un mes después de que el presidente López Obrador anunció alianzas para aumentar la capacidad de generación eléctrica en el país también con empresas de EU.

El capítulo de solución de controversias del T-MEC establece que una tercera parte –en este caso Canadá– podría sumarse a las consultas, de así creerlo necesario. El documento también asienta que de no llegar a un acuerdo, una de las partes podría pedir la reunión de una Comisión, que tratará de resolver la controversia antes de la instalación de un panel, conformado por especialistas en temas de disputa, derecho y comercio internacional.

Las inconformidades de las empresas estadounidenses no son nuevas. Desde los primeros cambios en el mercado eléctrico y petrolero, congresistas, compañías y organizaciones gremiales estadounidenses han enviado misivas de manera recurrente a la administración del presidente Joe Biden, en las que pedían un pronunciamiento público del gobierno demócrata.

El gobierno mexicano ya tiene en curso un par de procedimientos legales con empresas privadas. Las estadounidenses Talos y Monterra han enviado al gobierno mexicano notificaciones de disputa en relación con el yacimiento Zama y con el cierre de una terminal de almacenamiento en Tuxpan, respectivamente. Hasta ahora ninguna de las dos compañías han iniciado un proceso de arbitraje, pues se mantienen en negociaciones con la administración federal.

En el borrador del anuncio, el gobierno estadounidense asegura que las políticas puestas en marcha durante el sexenio “afectan los intereses económicos de Estados Unidos” y que “han cortado en gran medida la inversión de Estados Unidos” principalmente en el mercado de generación renovable. “Los cambios de política de México amenazan con empujar la innovación del sector privado fuera del mercado energético mexicano”, dice.

En la consulta presentada por EU, se mencionan cuatro puntos fundamentales de desacuerdo: La modificación de la Ley de la Industria de la Energía Eléctrica; Otro se relaciona con la inacción, demoras, denegaciones y revocaciones de la capacidad de las empresas privadas para operar energías limpias en México; también se someterán a la consulta el aplazamiento del requerimiento de suministrar diésel ultra bajo en azufre solo para Pemex; y las acciones de la Secretaría de Energía sobre el uso del Servicio de Transporte de Gas Natural, donde solo se puede comprar gas a la CFE o Pemex.

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