Nichols respondió así a una pregunta al respecto durante una comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EU sobre la rivalidad entre potencias en América Latina.
México, explicaba el alto cargo, es un país soberano que, por lo tanto, puede acometer una reforma de su marco jurídico como y cuando lo considere necesario. Pero “la transparencia judicial es vital” para mantener la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros, pero muy especialmente entre los socios canadienses y estadounidenses del TMEC, subrayó, acerca de los cambios impulsados por el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, y apoyados por la sucesora de éste.
López Obrador aspira a que la controvertida reforma se apruebe en septiembre, una vez que se haya constituido el nuevo Congreso mexicano tras unas elecciones que dieron una aplastante victoria al partido oficialista, Morena. Entre otras cosas, el proyecto prevé que los jueces del Tribunal Supremo queden designados mediante votación popular. La primera se celebraría en julio del año próximo para elegir a más de 1,600 puestos en la magistratura.
Además, el plan propone también retirar la pensión vitalicia a los ministros de la Corte Suprema y crear un Tribunal de Disciplina Judicial. También reduciría de los actuales once a nueve los titulares de la Corte.
El congresista por Arizona Greg Stanton planteó la relocalización de las cadenas de suministros, el nearshoring, a Norteamérica, y qué implicaciones en este sentido vaya a tener la toma de posesión de Sheinbaum.
“La presidenta electa es científica (de formación). Colaboró con el Departamento de Energía estadounidense… demostrarle con hechos lo importante de este asunto le resultará convincente”, consideró el responsable de la política estadounidense para América Latina.
0 comentarios:
Publicar un comentario