En la mañanera de este jueves, el mandatario federal también dejó claro que se equivocan quienes piensan que por el nerviosismo financiero se dará marcha atrás en el propósito de transformar ese poder.
Criticó que el ministro Luis María Aguilar se haya pronunciado en contra arguyendo que quitaría autonomía a la Suprema Corte de Justicia. Este señor hablando de la Constitución cuando es de sus más tenaces violadores, en alusión a que gana más que el Presidente de la República y por haber tenido en su gaveta por meses el caso por el millonario adeudo de impuestos del empresario Ricardo Salinas Pliego.
A pregunta sobre el proceso de consulta que acordó con su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, el tabasqueño insistió en que los integrantes del Poder Judicial deben someterse al escrutinio popular.
Remarcó que no se hará lo mismo que Ernesto Zedillo. Ya se les olvidó, corrió a todos los ministros. Claro que los atendieron muy bien, los mandaron a su casa bien servidos. En este proceso, agregó, cualquier trabajador de ese poder que ya esté en funciones podrá participar, junto con otros, en el proceso de elección.
De paso envió un mensaje a los legisladores, tanto los que están por salir como los que llegarán a la nueva Legislatura: “no hay que hacer tanta campaña (…) ellos tienen que asumir su responsabilidad y tienen que demostrar que son auténticos representantes populares. Qué voy a andarles diciendo: ‘oye, ayuda para que tengamos mayoría y se pueda reformar la Constitución, y entonces se puedan elegir a los jueces, a los magistrados’. No, ellos tienen que entregarle cuentas al pueblo, porque esa es la democracia. Dejar esto muy claro”.
La iniciativa de reforma enviada por el mandatario al Congreso en febrero pasado incluye también creación del Tribunal de Disciplina Judicial, para sancionar la corrupción debido a que considera que el Consejo de la Judicatura no cumple con esa función; poner fin a los llamados sabadazos; crear mecanismos para agilizar los procedimientos y garantizar justicia pronta y expedita –que considera necesarias–; reducir el número de integrantes de los órganos judiciales y su duración en el cargo, evitar la relección y eliminar los fideicomisos.
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