La mañana de este lunes se constató que en esa comunidad de 10 mil pobladores se vive un ambiente de tensión y zozobra ante la incursión de 3 mil integrantes de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo (PCHC) desde el viernes pasado.
Representantes de la PCHC aseguraron que su presencia es derivada de un acuerdo que hicieron con el gobierno del estado, el gobierno federal y 16 pueblos de Chichihualco y de Tlacotepec.
Desde el año pasado, de acuerdo con testimonios de vecinos, en la cabecera de Leonardo Bravo se encuentra asentado el cártel del Sur, que dirige Issac Navarrete Celic.
La ocupación de la PCHC provocó también el despliegue de cientos de militares, agentes de la Guardia Nacional, policía estatal y ministerial a una población abandonada a su suerte desde agosto el 27 de agosto de 2023, previo al inicio del presente ciclo escolar.
La situación provocó un altercado entre los policías comunitarios y militares, cuando cinco miembros de la autodefensa fueron detenidos en la mañana por la portación de una pistola en las afueras de la población.
Al mediodía frente al mercado Nicolas Bravo se llevó a cabo un ríspido diálogo entre un oficial del Ejército y el responsable de la comunitaria de Tlacotepec, Ignacio Hernández, cuando éste solicitó la libertad de sus cinco compañeros, que dijo, fueron detenidos a las 8:00 horas cuando iban por el desayuno, aunque uno de ellos llevaba un arma exclusiva de la Sedena.
El líder de la policía de Heliodoro Castillo le dijo al militar: “Nosotros estamos en Chichihualco, para brindar la seguridad al pueblo que desde hace diez meses no tiene; incluso es la primera vez que el alcalde Saúl Villa Adame (PAN), regresó al ayuntamiento en este periodo”.
Argumentó que el Ejército no puede detener a ningún policía comunitario de Tlacotepec porque “hay un trato” con el gobierno estatal y federal acordado el viernes.
En su defensa, los militares dijeron que ellos son la autoridad y que podrían detener a cualquier persona que portara algún arma no reglamentaria. Al final liberaron a los cinco detenidos y les regresaron sus armas.
Otro momento de tensión se vivió cuando soldados trataron de inspeccionar las armas y vehículos de los policías comunitarios quienes se molestaron.
La tensión se percibe además porque en la entrada del pueblo hay un bloqueo de unas 50 personas, entre adultos, mujeres y niños que con pancartas piden la salida de los autonombrados policías comunitarios, a quienes acusan de ser una amenaza y señalan al alcalde panista Saúl Villa Adame de haberlos llevado.
En sus cartulinas los señalan como “narco comunitarios” y responsables de saquear negocios, golpeado a mujeres y detenido de manera arbitraria a jóvenes.
Indicaron que el sábado los comunitarios arribaron en unas 50 camionetas con armas de grueso calibre y que en su estancia han provocado molestia a la población porque hacen sus necesidades en la vía pública y acosan a las mujeres y niñas.
También demandaron la intervención de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para brindar la seguridad de la comunidad y que se restablezcan los servicios.
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