El informe denominado “El laberinto de los generales: crimen y militares en México” detalla que, en 2021, cuando el CJNG, liderado por Nemesio Oseguera, avanzaba y ocasionaba el desplazamiento de miles de personas, se concretó el pacto para frenar su poderío.
“Según un líder criminal, miembros de otros dos grupos ilegales, un funcionario federal de alto rango y funcionarios locales, soldados y delincuentes locales formaron un frente conjunto de facto contra el Cartel de Jalisco, coordinando sus operaciones e incluso luchando uno al lado del otro”, señala el reporte.
Esa alianza informal entre grupos criminales y la Defensa Nacional, añade, ocasionó la muerte de alrededor de 400 civiles armados que formaban parte del CJNG. Las fuerzas especiales del Ejército enviadas al frente, dice el reporte, al principio dudaron en tomar medidas decisivas en contra del Cartel Jalisco por temor a ser acusadas de crímenes contra la humanidad, pero, después de recibir garantías de que los cadáveres serían arrojados en fosas clandestinas, los soldados procedieron. Pese a esas bajas, el CJNG no ha perdido fuerza.
“Tras reagruparse, el Cartel de Jalisco ha revitalizado su ataque en múltiples frentes en Michoacán, incluso mediante ataques a soldados. `Siempre hay repuestos humanos”, dijo un líder criminal sobre la capacidad de los grupos criminales para reponer sus filas”.
El informe destaca que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado como nunca a elementos de las Fuerzas Armadas para combatir la violencia, sin embargo, ésta no cede. También se revela que entre autoridades y líderes criminales se estableció un “modus vivendi” en el cual, a cambio de reducir la violencia visible, se permitió a agrupaciones ampliar su territorio en comunidades.
“Algunos agentes de seguridad y líderes criminales sugieren que un modus vivendi entre comandantes militares y grupos ilegales ha permitido a los grupos criminales obtener ganancias y ampliar su control sobre las comunidades siempre y cuando se reduzca la violencia visible”, dice el reporte. Como parte del acuerdo, se establecieron reglas que alientan a los grupos criminales a reducir y ocultar la violencia que perpetran, a cambio, las autoridades han ignorado a esas agrupaciones, permitiéndoles diversificar sus operaciones y expandir sus redes de extorsión.
“Cuando estos entendimientos se desmoronan, o cuando los principales liderazgos criminales se involucran en una batalla frontal entre sí, desencadenando emergencias humanitarias y atrayendo la atención de los medios y políticos nacionales, los militares son propensos a asumir un papel más intervencionista y ofensivo”, dice el reporte. En la última década, los grupos armados ilegales duplicaron su número hasta alcanzar aproximadamente 200.
Para el informe, Crisis Group realizó más de 80 entrevistas con comandantes militares, policías, funcionarios estatales de todos los niveles, activistas de la sociedad civil, civiles, periodistas y académicos, además de líderes criminales.
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