Después de que el Congreso de Perú destituyera a Castillo por anunciar la disolución de la Cámara y la instauración de un “gobierno de excepción”, el expresidente fue detenido por la Fiscalía del país, acusado por el presunto delito de rebelión el 7 de diciembre de 2022.
A través de X (Anteriormente Twitter), Castillo denunció que desde el día uno de su gestión, como nuevo mandatario fue sometido a “un ataque demoledor y sistemático desde el Congreso” y los medios de comunicación, así como una campaña de demolición mediática y política que provocó un golpe de Estado en diciembre de 2022.
Destacó que desde su arresto, ha sido víctima de violaciones graves a sus derechos, incluyendo la incomunicación con su familia, condiciones de detención inhumanas y la paralización de su caso ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU.
El expresidente solicitó a la Mesa Directiva del Consejo de Derechos Humanos y a los Estados partes de este órgano que investiguen la demora en el proceso de su denuncia y garantice su derecho a la defensa y la libertad.
Castillo se comprometió a proporcionar toda la información necesaria para respaldar las investigaciones y resaltó la importancia de mantener la independencia y objetividad de los organismos de derechos humanos en su búsqueda de justicia.
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