Comisión de Justicia del caso Ayotzinapa condena liberación de militares

CDMX, 21 enero 2024. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (Covaj) condenó la liberación de ocho miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), presuntamente involucrados en los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 normalistas.

"Una vez más, integrantes del Poder Judicial recurren al procedimiento de los llamados sabadazos, sin ponderar el derecho de las víctimas, las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos en un asunto que implica graves violaciones a derechos humanos", escribió la comisión en un comunicado.

Los militares liberados son: ​Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo.

Con el cambio que se dictó la tarde de este sábado, la jueza segunda de distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, determinó imponer a los imputados las siguientes medidas cautelares:

• Firma periódica cada quince días ante el juzgado del proceso.
• Garantía económica de 50 mil pesos.
• Prohibición de salir del país sin autorización judicial y entrega de pasaporte en caso de contar con él.
• Prohibición de acercarse o comunicarse con los testigos o las víctimas.
• Prohibición de acercarse al estado de Guerrero.
• Además, requirió a los procesados acreditar su domicilio particular.

Ante esto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) y presidente de la comisión, Arturo Medina Padilla, señaló que esto “no exonera de los cargos a estos elementos de las Fuerzas Armadas, quienes continuarán sujetos a proceso hasta el dictado de la sentencia correspondiente”.

Asimismo, aseguró que buscará agotar todas las instancias legales posibles y el debido proceso para cumplir el principio de cero impunidad para este caso.

“Estaremos atentos a que se respete el debido proceso, el principio de legalidad y, lo más importante, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”, añadió.