Durante la acción la FGR localizó a 39 trabajadores de origen chino que no contaban con documentación que avalara su entrada legal al país.
El operativo derivó de una investigación por el delito de violación a la Ley General de Bienes Nacionales en la modalidad de quien explote, use o aproveche un bien que pertenece a la Nación.
La fiscalía inició la carpeta de investigación con motivo de una querella interpuesta por el apoderado legal de Conagua, en la que se denunció la existencia de dos pozos de agua que eran explotados por la citada empresa.
Por estos hechos, se solicitó una orden de cateo que fue autorizada por una jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio.
Después, el agente del Ministerio Público Federal en compañía de elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Coordinación de Servicios Periciales, realizaron la diligencia judicial en el inmueble localizado en la Carretera Federal Pachuca-Ciudad Sahagún.
En el lugar, se aseguró un tractocamión, una plataforma tipo remolque, un camión, un vehículo-pipa, una camioneta tipo pick up, dos máquinas perforadoras acopladas a una plataforma, dos pozos de agua con 300 metros de profundidad y un predio de aproximadamente 763 mil metros cuadrados.
En el lugar se localizaron a 148 personas extranjeras de nacionalidad china, quienes fungían como trabajadores de dicha empresa, de los cuales 39 no contaban con la documentación necesaria para permanecer en el país.
El inmueble, los vehículos y objetos quedaron bajo resguardo de la autoridad Federal mientras continúan las investigaciones respectivas.
En tanto las personas extranjeras se pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM).
Personal del Instituto Nacional de Migración indicó que revisará la calidad migratoria de estas personas y les brindará resguardo para garantizar sus derechos. Se calcula que tiene capacidad laboral para albergar hasta 500 empleados.
La empresa china fue demandada por productores agrícolas de la región, representados por Gumaro Zamorano Sánchez, debido a que acusan que se han visto afectados por explotación irregular de agua que realiza la empresa en los mantos acuíferos de la zona.
También denunciaron que la empresa tampoco tiene permisos para la nivelación de los más de 3 mil metros cuadrados de terrenos agrícolas en donde se edifica la planta industrial que servirá para la elaboración de pisos y demás insumos para la construcción orientados principalmente para su exportación a Estados Unidos.
La construcción fue denunciada ante las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno federal, por productores agrícolas el pasado 9 de enero de 2024, por lo que las autoridades federales acudieron a comprobar las quejas y al encontrar evidencias de las anomalías procedieron a colocar los sellos de clausura.
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