Por ello, se publicó en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, el Decreto por el que se reforma el Artículo 227 Bis del Código Penal del Estado de México, que establece tipificar conductas que realicen personas o servidores públicos que de manera indebida revelen o difundan material audiovisual o archivos de víctimas.
Las iniciativas conocidas como “Ley Ingrid” y “Ley Ocaña” buscan evitar el menoscabo de la dignidad, el honor y la intimidad de las víctimas y sus seres queridos.
Con su aplicación el Estado de México, el Poder Judicial sancionará de manera ejemplar y evitará las filtraciones, y la exposición masiva ante los medios de comunicación y redes sociales de este material. Lo anterior, preserva la dignidad de las víctimas y sus familiares, y contribuye a disminuir el impacto que sufren las víctimas.
“A la persona que sin tratarse de programas preventivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la educación; que realice actos de difusión, entrega, publicación, transmisión, distribución, videograbación, reproducción, exposición, filmación, fotografía o compartan, oferten e intercambien imágenes relacionadas con cadáveres de personas, causando menoscabo en la dignidad, el honor y la intimidad de la víctima o la seguridad, paz y privacidad de sus familiares…”, detalla la reforma.
El Decreto número 215, aprobado por la LXI Legislatura del Estado de México el 24 de octubre de 2023, contempla sanciones de cuatro a ocho años de prisión y multa de 500 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la reparación integral del daño.
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