En una carta dirigida a la opinión pública, Rodríguez Mondragón compartió que el pasado 6 de diciembre, los magistrados Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña le solicitaron su renuncia, expresando “pérdida de confianza” y mostrando su descontento con diversas políticas administrativas implementadas.
El magistrado detalló que las medidas adoptadas, orientadas a una mayor eficiencia presupuestaria, han causado molestias entre los magistrados inconformes. Detalló que algunas de las medidas adoptadas en su administración que han molestado a los magistrados inconformes son:
a) La Comisión de Administración modificó las reglas que permitían a las magistraturas y a su personal de apoyo viajar en primera clase. Ahora se ha regulado y restringido el gasto en viáticos y pasajes aéreos internacionales.
b) Se modificó la normatividad que posibilitaba a las magistraturas disponer de hasta ocho vehículos. Con las nuevas reglas estos se han reducido a cinco.
c) Se estableció un límite a dos dispositivos para pago de peaje (TAGS) en carreteras y autopistas urbanas para uso de magistraturas. Como resultado, ese gasto ha disminuido a menos de la mitad: mientras que en 2021 se gastaron 578 mil pesos, este año se han gastado 249 mil pesos por ese concepto.
d) Se han fortalecido los mecanismos de registro y control de la dotación de combustible a los vehículos oficiales para garantizar que sean utilizados exclusivamente para las actividades de carácter institucional. En ese tenor, normativamente se ha reducido en un 71% los montos máximos para combustible.
e) Se ha procurado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en la adquisición de bienes y servicios. Por ello, por ejemplo, se dejó de contratar a un tercer acreditado para la elaboración de programas internos de Protección Civil, los cuales ahora realiza la Dirección General de Protección Institucional. Esta medida generó un ahorro de un millón de pesos por año.
f) Se reguló el otorgamiento de apoyo de Vales de Alimentos, para que estos se limitaran a un máximo de quince por mes y sólo se otorguen a personal operativo y de mando medio cuando no pueden acceder al comedor institucional.
Adicionalmente, se eliminó un fondo de alimentos que permitía a mandos superiores del Tribunal disponer de ocho salarios mínimos mensuales (aproximadamente 24 mil pesos) para sus gastos de alimentación.
g) Ante algunas solicitudes verbales para la compra de vehículos cuyos precios exceden los límites establecidos en el Acuerdo General de Racionalidad y Austeridad del PJF, se requirió a las magistraturas solicitar la excepción por escrito a fin de someterla a consideración de la Comisión de Administración.
Reyes Rodríguez aseguró que las tres magistraturas también manifestaron su descontento por la falta de consensos del presupuesto solicitado para 2024 a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Al respecto, el diferendo consistió en que desde la presidencia propuse solicitar un igual al autorizado en 2018, mientras que una de las magistraturas sugería un presupuesto con un incremento del gasto fijo del Tribunal de 8.5% respecto de 2023, con miras a minimizar el impacto de un eventual recorte. Eso habría implicado solicitar 237 millones de pesos adicionales”, expuso.
Además, advierte que aún está en el proceso de valoración de la renuncia que le exigen tres de sus cuatro compañeros magistrados, cuya decisión exige una reflexión profunda para calibrar sus efectos en plenas precampañas a la Presidencia de la República.
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