Se prevé que el INE vote esa propuesta en su sesión de este sábado, con lo cual los institutos políticos estarán obligados a asignar, al menos, 50 de las 500 diputaciones y nueve de las 128 senadurías a las cinco acciones afirmativas mencionadas.
El acuerdo para cumplir la sentencia del TEPJF generó inconformidades en la mayoría de los representantes de los partidos, quienes pidieron tiempo a la presidencia del INE para preparar sus argumentos en contra.
En su sentencia, el Tribunal ordenó a los consejeros regresar a la fórmula que el INE aplicó en 2021 para que todos los partidos postulen candidaturas comprometidas con los derechos políticos de quienes históricamente han carecido de representación en el Congreso.
En contraste, el acuerdo que se formuló en septiembre, ya desechado por los magistrados electorales, dejaba en libertad a los partidos sobre cómo cumplir con las candidaturas de las acciones afirmativas.
A la presión de los partidos se sumó que en la madrugada escaló la tensión entre los consejeros electorales.
El reparto de candidaturas de cuotas afirmativas para personas LGBTQ+, indígenas, afromexicanas, migrantes y con alguna discapacidad hizo crisis en el Instituto Nacional Electoral (INE), donde los consejeros siguen sin aprobar el acuerdo que les instruyó el Tribunal Electoral.
Dicho acuerdo eliminó la cuota de candidaturas para personas en condición de pobreza que algunos de los consejeros electorales sacaron adelante en septiembre.
Con la nueva propuesta que debería votarse en la sesión de este sábado del Consejo General del INE, los partidos políticos estarán obligados a asignar al menos 50 de las 500 diputaciones y 9 de las 128 senadurías para esas cinco acciones afirmativas.
Otro punto en el que estaban presionando los partidos para modificar el acuerdo que los consejeros electorales votarán hoy es que piden que puedan tener la libertad de decidir si las cuotas afirmativas se asignan en las candidaturas de representación proporcional o de mayoría relativa.
Sin embargo, la propuesta que habrá de votarse contenía precisiones al respecto: 30 diputaciones para pueblos y comunidades indígenas (21 de Mayoría Relativa y 9 de Representación Proporcional); las otras 20 candidaturas se repartirían así: 8 para personas con alguna discapacidad (6 de MR y 2 de RO; 4 personas afromexicanas (3 de MR y una de RP); 3 de la diversidad sexual (2 de MR y una de RP), y cinco migrantes (todas de representación proporcional y al menos una por cada una de las cinco circunscripciones).
Y para el Senado deberán considerarse 5 para pueblos indígenas y 4 para personas afromexicanas, LGBTQ+, personas con alguna discapacidad y migrantes.
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