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Las fuerzas de inteligencia del Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) han relacionado dentro de sus investigaciones a uno de los hombres más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador con los grupos de robo de combustible que operan en el sur del país, entre Tabasco y Veracruz.
El nombre del exgobernador de Tabasco, ahora uno de los políticos que han expresado abiertamente sus aspiraciones presidenciales, se inscribe dentro de una red a la que las investigaciones federales han denominado ‘El Caso Olmeca’: una estructura bien organizada que roba combustibles de instalaciones de la estatal Pemex para después distribuirlos mediante carreteras al norte del país mediante la cooptación de autoridades y funcionarios.
El negocio consiste en comprar los hidrocarburos a proveedores que 'ordeñan' los ductos de la estatal en precios que van de los 2.50 a los 4 pesos por litro para revenderlo más tarde en 17 pesos. Hoy, el principal mercado del combustible robado es Monterrey, Nuevo León, pero hay indicios de que la red criminal busca iniciar exportaciones de gasolina hacia Estados Unidos y de diésel hacia Arabia Saudita. De momento, según el seguimiento de las autoridades, esto solo está en planes. Los documentos que vinculan al político tabasqueño con el grupo independiente de robo de hidrocarburos están fechados apenas en agosto pasado.
El CENFI, una iniciativa del sexenio pasado y que habría liderado la investigación, tiene dentro de su estructura a elementos de la Secretaría de Gobernación. Según las comunicaciones interceptadas por el aparato de inteligencia nacional y relatadas a la Sedena, López Hernández habría recibido información sobre depósitos y apoyado con protección a miembros de la red que lucra con el combustible robado a Pemex a través de agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO).
Las relatorías contenidas en los correos electrónicos relacionan el nombre del político tabasqueño con el de un hombre a quien identifican como ‘el Hamer’, un distribuidor de combustible robado y encargado de la cooptación de autoridades para el libre tránsito de las gasolinas, que tendría al funcionario como parte de su red de contactos.
“El exgobernador enfatizó que está a la orden y si los paraba la Guardia Nacional, le hablaran directamente al comandante de la SEIDO al número que ya tenían”, se relata en uno de los documentos a los que Expansión tuvo acceso. El seguimiento a la red de venta ilegal de combustible relata de manera frecuente la interacción con un funcionario a quien denominan “el secretario de arriba” que daría instrucciones a algunos integrantes de la estructura a través de otros funcionarios públicos.
En las investigaciones se identificó la planeación de una reunión entre uno de los líderes de la red de contrabando con funcionarios de la Administración Portuario Integral y la Agencia Nacional de Aduanas para recibir instrucciones del “secretario de arriba”. La reunión, planeada para mediados de agosto, tendría también la participación de un empresario. Pero el encuentro, según los relatos, no se llevó a cabo.
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