Los afectados señalan que la delegada cuenta con el respaldo del primer regidor Ernesto Santillán Ramírez, y de la policía municipal y ha generado constantes hechos violentos, así como graves amenazas contra los pobladores e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que exigen la rendición de cuentas, lo que ya derivó en el homicidio de uno de los principales activistas.
Desde la tribuna de la Legislatura local, el diputado Faustino de la Cruz recordó que la Secretaría General de Gobierno del Estado de México es la instancia facultada para dirimir conflictos a partir de la conciliación y prevención de eventuales episodios de violencia, a través de las policías, para investigar y prevenir posibles delitos, como los que hoy ocurren en Guadalupe Victoria.
“Se consumaron actos que desvirtuaron e interrumpieron el desarrollo de las Asambleas del pueblo, exasperando aún más el ambiente de crispación, sin que autoridad alguna mediara al respecto. Lo que provocó el incremento del tono en las partes, aduciendo por parte de la Delegación sus vínculos con el H. Ayuntamiento de Ecatepec”, denuncio el diputado local.
Pobladores exigieron a la Fiscalía General del Estado de México, una actuación imparcial para dar seguimiento a la denuncia de fraude por cerca de tres millones de pesos por parte de Irma Rivero, así como en el esclarecimiento del homicidio del líder Eusebio Fragoso, y castigo a los autores intelectuales.
De acuerdo con afectados, quienes pidieron omitir sus nombres por temor a las agresiones y amenazas, el 4 de julio se realizó la primera asamblea donde más de 300 pobladores desconocieron por unanimidad a Irma Rivera, y retirarle la función del manejo de los panteones por no reportar ingresos a la comunidad, de al menos 150 inhumaciones que podrían llegar hasta los 3 millones de pesos.
Precisaron que el hijo de la delegada, Abraham Sure Rodríguez Rivero, es compadre del primer regidor Eduardo Santillán, quien en meses pasado fue alcalde por ministerio de ley, y utiliza a la policía municipal en su beneficio y para amedrentar a la población.
“El pueblo les cerró las instalaciones de la delegación para que ya no entraran y decidió en las tres asambleas que ella y la delegación no deberían operar los panteones, ni que ingresen en la oficina que fue cerrada con cadena el 6 de agosto, porque los bienes inmuebles son herencia del pueblo, no son del municipio”, acusaron.
Los pobladores de Guadalupe Victoria decidieron conformar una Comisión de Panteones que se encargara de los trámites de inhumaciones y de investigar los cobros realizados a lo largo de tres años, y que Irma Rivera se encargara solo de las tareas de vigilancia, pero ha hecho caso omiso y sigue asumiendo el cobro de ese servicio y trámites desde su domicilio con apoyo de grupos de choque.
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