Durante la sesión de la Diputación Permanente, el diputado Marco Cruz Cruz expuso la iniciativa de su compañera de bancada, Carmen de la Rosa Mendoza que reforma la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de México y el Código Electoral de Estado de México.
Recordó que en 2016 se decretó la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece como instrumentos de la rendición de cuentas las declaraciones de intereses y patrimoniales, para determinar cuándo los intereses de un servidor público pudieran entrar en conflicto con su función, así como documentar la integración de su patrimonio y la evolución que éste tenga.
Con los nuevos ordenamientos se dispuso que las entidades federativas homologaran procedimientos en la lucha contra la corrupción, que es una práctica normal o natural en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos, y cuyo costo económico oscila entre el 5 y 10 por ciento del PIB.
La iniciativa se basa en la propuesta que Transparencia Mexicana realizó en el año 2021, tras un grupo de trabajo con especialistas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto Nacional Electoral (INE), los Órganos Garantes de los estados de la República, los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción y especialistas de todo el país para revisar la información disponible sobre las candidatas y candidatos y elaborar propuestas concretas para los procesos electorales de 2022 y 2024.
Del grupo de trabajo surge la idea de homologar la información que las y los candidatos deben tener disponible para consulta de los votantes, tal es el caso de la incorporación de las declaraciones patrimonial, de intereses y la opinión de cumplimiento fiscal, las cuales servirían para que los ciudadanos ejerzan un voto informado.
Además de candidatas y candidatos a cargos de elección popular, se considera incluir a los funcionarios públicos que son designados por la Legislatura, y que tengan como requisito presentar las tres declaraciones para tomarse en consideración durante el proceso de designación para evitar posibles hechos de corrupción, conflicto de intereses y ofrecer una mayor transparencia.
La iniciativa fue presentada como propuesta por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, con la intención de prevenir posibles actos de corrupción como la obtención de financiamiento ilícito o la gestación de relaciones de complicidad a cambio de favores políticos.
0 comentarios:
Publicar un comentario