Juez acusa filtraciones y negligencias en caso Gómez Mont; ordena abrir investigación

Edomex, 2 marzo 2022.- Un juez federal de Almoloya de Juárez acusó a funcionarios de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (antes SEIDO) de la FGR de haber filtrado públicamente datos y registros secretos relacionados con la investigación abierta en contra de la conductora de televisión Inés Gómez Mont y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por su presunta responsabilidad en desvíos de recursos públicos con empresas fantasma.

La investigación por los presuntos desvíos millonarios de recursos públicos en el sexenio pasado, que estaban destinados a reforzar la seguridad en las cárceles federales, comenzó desde hace tres años sin que, hasta la fecha, se haya conseguido recuperar dichos recursos ni sentenciar a los implicados. La mayoría de los presuntos responsables se encuentra prófugos.

En 2019, la FGR inició la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORP/FAM-CDMX/0001339/2019 por este caso, luego de que recibiera una denuncia anónima en la que se advertía que a través de dos contratos firmados en 2016 con una empresa fantasma denominada Seguridad Privada, Inteligencia Cibernética S.A. de C.V., la Secretaría de Gobernación había sacado del erario poco más de 2 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía los servicios que fueron contratados en realidad se simularon. En cambio, a través de más de mil 400 movimientos los recursos fueron triangulados a través de las cuentas bancarias de siete compañías fachadas para finalmente ser retirados casi en su totalidad.

En su investigación los fiscales sostuvieron que entre los beneficiarios finales de los recursos se encontraban Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont. En el caso de la conductora de televisión detectaron que dos de las compañías fachada, Gupea Construcciones S.A. de C.V. e Ingeniería y Arquitectura Tangamanga S.A. de C.V. le habían transferido recursos por 14 millones 843 mil pesos.

Aunque el juez no validó que la pareja fuera la beneficiaria final de estos recursos, si consideró que había indicios iniciales suficientes para ordenar su detención junto con la de otras 10 personas más, entre ellos cinco exfuncionarios del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y cinco accionistas y apoderados legales de las empresas fachada.

El pasado 20 de enero la FGR informó en un comunicado oficial que tres de los implicados ya se encuentran detenidos y procesados en un reclusorio federal, mientras que el resto (entre ellos Gómez Mont y Álvarez Puga) siguen prófugos, En contra de todos ellos se han girado fichas rojas de Interpol.