Durante ocho años, 18 casas de estudio incurrieron en omisiones que les generó un adeudo por multas y recargos de más de mil 500 millones de pesos, monto que sobrepasa, por ejemplo, el presupuesto otorgado a las 100 universidades Benito Juárez que puso en marcha la nueva administración federal.
Sin embargo, la mala administración no les generó represalias. Al contrario. Durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, entre 2007 y 2015, se les condonaron mil 541 millones 256 mil 100 pesos, de acuerdo con la base de datos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) entregó a la organización Fundar tras cuatro años de litigio.
Y pese a que se vieron beneficiadas con amnistías fiscales millonarias, las universidades no pudieron evitar caer en hoyos financieros que en la actualidad mantienen a nueve universidades en imposibilidad de pagar salarios y prestaciones laborales.
Por lo menos cinco de las nueve universidades en crisis financieras fueron condonadas en los sexenios pasados.
La Universidad Veracruzana es a la que mayor monto fiscal se le perdonó: más de 462 millones, seguida por la Autónoma del Estado de México, que tan sólo en un año no pagó multas y recargos por retrasos en sus pagos fiscales por 444 millones de pesos.
La universidad mexiquense reportó el pasado 11 de octubre que tiene un déficit de 302 millones de pesos que le llevará a cerrar el año en números rojos y a no pagar los aguinaldos de sus trabajadores, por lo que, junto con otras casas de estudios, ha solicitado recursos extraordinarios al gobierno federal.
El financiamiento de las universidades estatales depende fundamentalmente de los recursos federales.
Tan sólo en 2017, refiere el estudio Planeación, Programación y Rendición de Cuentas del Presupuesto de las Universidades Públicas en México: Razones, Resultados y Retos, elaborado por la firma Integralia Consultores, el presupuesto otorgado por el gobierno de la República representó 57% de los ingresos totales de las casas de estudios. En contraparte, 27% lo pusieron los gobiernos estatales y los ingresos propios sólo significan 12 por ciento.
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