Esta propuesta de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma fue presentada ante la Corte por tres partidos —el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano— con motivo de una presunta inconstitucionalidad.
No obstante, este martes durante la sesión de debate en la SCJN, el ministro Alberto Pérez Dayán emitió su voto en contra de la procedencia de esta impugnación, lo que motivó una pérdida significativa de apoyo para invalidar la reforma.
El ministro Alberto Pérez Dayán justificó su voto en contra al señalar que los partidos políticos no están legitimados para presentar acciones de inconstitucionalidad en este caso.
Durante su intervención, Pérez Dayán lamentó que la reforma judicial interrumpa los proyectos de vida de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Advirtió que modificar el criterio para permitir que los partidos impugnen leyes que no sean electorales podría establecer un precedente problemático.
Invalidar la reforma judicial a partir de las acciones de inconstitucionalidad de partidos políticos equivale a combatir la insensatez de la reforma judicial con una nueva insensatez”, afirmó el ministro, subrayando su postura sobre la falta de fundamento legal para las impugnaciones.
Con el voto en contra de Pérez Dayán, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia no alcanzó la mayoría calificada necesaria para invalidar la reforma judicial, ni siquiera de forma parcial.
Se requieren ocho votos para lograr dicha mayoría, y con la decisión de Pérez Dayán, el bloque a favor de la procedencia de las impugnaciones se redujó a siete ministros. Esto significa que se quedó a uno de alcanzar la cantidad necesaria para avanzar en la inconstitucionalidad.
Desde el inicio de la sesión, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz también anticiparon su voto en contra de la procedencia de las acciones de inconstitucionalidad.
La postura del ministro Pérez Dayán significa una falta de apoyo suficiente para las impugnaciones, indicando que los cambios propuestos podrían permanecer vigentes, afectando a los procesos y funciones del Poder Judicial en el País.
Se espera que el debate sobre la reforma judicial continúe en el ámbito político y judicial, con posibles nuevas acciones y estrategias por parte de los partidos en oposición.
Expertos en derecho analizarán las implicaciones de esta decisión y cómo puede influir en futuras reformas y acciones legislativas.
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