Juicio político a Ministra Piña y jueces golpistas

CDMX, 6 septiembre 2024. Luego de que se concluya el trámite de aprobar las reformas al Poder Judicial de la Federación, la tarea que tendrá que asumir de inmediato el Congreso de la Unión, integrado por las cámaras de diputados y senadores, será iniciar los procesos para instaurar juicios políticos en contra de la Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández y el séquito de jueces que concedieron amparos en contra del proceso legislativo, con un evidente afán golpista, de ataque a las instituciones democráticas y a la forma de Gobierno republicano, representativo y federal, lo que derivaría en la destitución de esos servidores públicos y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en las instituciones de Gobierno.

En su desmesurado afán de detener la reforma al Poder Judicial y atarle las manos al Poder Legislativo, este jueves 5 de septiembre del 2024, la Ministra Norma Piña Hernández, abrió una consulta con otros ministros del máximo tribunal del país, para determinar si puede ordenar que se suspenda el proceso legislativo, de un dictamen que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y fue turnado al Senado de la República.

Y por la misma ruta, el Congreso de la Unión tendría que someter a juicio político a la Jueza Martha Eugenia Magaña López, del juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, quien concedió tres suspensiones en juicio de amparo para tratar de detener la aprobación de la Reforma Judicial y al Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Felipe Consuelo Soto, quien el pasado sábado 31 de agosto del 2024 concedió una suspensión de oficio con el mismo afán de parar la Reforma Judicial.

También tendría que considerar el Congreso de la Unión someter a juicio político al Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza López Figueroa, quien el pasado primero de julio del 2024 ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el nombramiento de dos nuevos magistrados en la Sala Superior de ese órgano jurisdiccional para que pudiera sesionar completo y calificara la elección de Presidenta de la República. El Juez invadió facultades autónomas del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en la materia y usurpó funciones del Senado de la República, que es el único facultado, constitucionalmente, para designar magistrados electorales.

Habría que recordar que en su afán golpista para evitar la Mayoría Calificada de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados de la Federación, la Ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña Hernández, dio trámite el lunes 26 de agosto del 2024, de manera exprés, a un recurso presentado por el presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, para que ese alto tribunal analizara los criterios jurídicos para la asignación de diputaciones y de senadurías por la vía plurinominal en el Congreso.

Esta decisión precipitada y arbitraria de Piña Hernández motivó un enérgico posicionamiento del Ministro Juan Luis Alcántara Carranca, quien le aclaró a la Ministra presidenta de la Suprema Corte que es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la última y definitiva instancia, facultada legalmente para interpretar la constitucionalidad de las leyes electorales, para la adjudicación de diputados y senadores plurinominales.