Se trata de la modificación al Artículo Segundo de la Constitución que forma parte del denominado Plan C que el presidente de la República envió a San Lázaro el 5 de febrero pasado.
Uno de los puntos más relevantes de la reforma es el correspondiente a la obligación del Estado a consultar a los pueblos y comunidades originarias cada vez que se implemente una política pública.
De prosperar en septiembre, en la próxima legislatura, este proyecto de dictamen, la nueva redacción del primer numeral de ese precepto constitucional diría que “la Nación Mexicana es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas”.
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión, estimó que el contenido de la reforma “es una Constitución de los pueblos y las comunidades indígenas dentro de la Constitución Política de México”.
Consideró el legislador de la mayoría parlamentaria que, dadas las especificaciones expuestas en el proyecto de decreto, la reforma se convertirá en “una proclamación de derechos de los pueblos y comunidades indígenas y obligaciones del Estado acerca de esos derechos que son fundamentalmente respetar, reconocer su organización y sus normas para darse la vida en los términos históricos en que ellos han estado conviviendo en el interior de cada una de sus comunidades”.
La diputada Irma Juan Carlos (Morena), presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, celebró el apoyo unánime al dictamen que incluyó iniciativas de parlamentarios de diversas bancadas.
Aunque hubo varias propuestas de reservas para hacer precisiones relacionadas con presupuesto, sólo salió adelante la presentada por la legisladora morenista, quien consiguió diversos ajustes que precisan los derechos establecidos en la reforma y un agregado en materia de consulta.
Se trata de la puntualización de que, “cuando la medida administrativa que se pretenda adoptar beneficie a un particular, el costo de la consulta debe ser cubierto por éste”.
En el texto aprobado se establece que el Estado mexicano deberá “promover el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas como un elemento constitutivo de la diversidad cultural de la Nación, así como una política lingüística multilingüe que permita su uso en los espacios públicos y en los privados que correspondan”.
No más discriminación, no más despojo, no más exclusión, no más desigualdad”, expuso Irma Juan Carlos.
Con esta aprobación, las y los 39 diputados de Puntos Constitucionales dijeron conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
La oposición celebró el dictamen.
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