Durante una conferencia en La Paz California Sur, la ministra Batres comentó que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial no son trabajadores de base, lo que significa que sus derechos laborales no les permiten organizar un paro como lo harían empleados sindicalizados en otras áreas.
"Legalmente, esta suspensión de labores no tiene sustento", afirmó Batres. Explicó que, de acuerdo con las leyes vigentes, los impartidores de justicia son funcionarios con mando, por lo que no pueden ser considerados trabajadores de base. "Nosotros no somos patrones equiparados dentro de la jurisprudencia. Tampoco somos trabajadores de base que puedan ejercer este tipo de derechos", añadió.
Para la ministra, equiparar a jueces y magistrados con trabajadores de confianza es incorrecto y, desde su perspectiva, esto le quita legitimidad a cualquier intento de suspender labores en protesta.
Batres fue más allá al analizar la verdadera intención detrás del posible paro. A su juicio, no se trata de una medida legítima para defender derechos laborales o mejorar condiciones económicas. "Lo que estamos viendo aquí es una forma de presión política", expresó. Según ella, la finalidad del paro es impedir la materialización de una decisión tomada por el Poder Legislativo en el contexto de la reforma judicial.
"Este paro no busca defender una conquista laboral ni proteger alguna prestación económica", afirmó. "Su verdadera razón es detener una reforma que ya ha sido aprobada por uno de los tres poderes de la Unión". Para Batres, esto convierte al paro en una manifestación política disfrazada de protesta laboral, lo que mina su legitimidad.
El contexto de este paro es la reforma judicial impulsada por el Congreso, que ha generado divisiones dentro del Poder Judicial. Mientras algunos magistrados y jueces ven en la reforma una amenaza a la independencia judicial, otros, como Batres, consideran que se trata de un cambio necesario para combatir la corrupción y fortalecer el sistema de justicia en México.
La ministra Batres ha sido una firme defensora de la reforma judicial, argumentando que traerá mayor transparencia y eficiencia al sistema. "La reforma busca mejorar la administración de justicia y asegurar que los jueces y magistrados actúen con imparcialidad", señaló durante su conferencia. Según ella, la oposición de ciertos sectores del Poder Judicial no está basada en preocupaciones genuinas sobre la independencia judicial, sino en la resistencia a perder privilegios que consideran amenazados.
Para Lenia Batres, la posibilidad de un paro judicial es preocupante, no solo por su falta de sustento legal, sino también por las implicaciones que tendría para el acceso a la justicia en el país. "El verdadero daño será para los ciudadanos que dependen del sistema judicial para resolver sus conflictos", advirtió.
Si bien el paro podría ser una forma de presionar políticamente, Batres destacó que sus efectos serían sentidos principalmente por aquellos que necesitan que sus casos sean atendidos. "Es una irresponsabilidad jugar con la administración de justicia por motivos políticos", afirmó, haciendo un llamado a los jueces y magistrados a reconsiderar sus acciones.
La ministra Lenia Batres dejó claro que, en su opinión, el paro judicial es una medida errónea y contraproducente. "Es momento de reflexionar sobre el verdadero papel del Poder Judicial en la democracia", concluyó. Para Batres, la reforma judicial no es una amenaza, sino una oportunidad para mejorar el sistema de justicia y asegurar que funcione de manera transparente y eficiente para todos los ciudadanos.
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