Desde Apatzingán hasta Buenavista, los productores han decidido suspender sus actividades, dejando que las cosechas se pierdan ante la falta de garantías de seguridad.
Los limoneros denuncian que grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y la Familia Michoacana, están exigiendo un cobro de dos pesos por cada kilogramo de limón producido.
Ante la falta de protección efectiva por parte de las autoridades, muchos han optado por paralizar la recolección y el envío de su producto al mercado, una decisión que afecta no solo a los productores, sino también a la economía local y nacional.
Los cárteles involucrados en la extorsión de los productores de limón en Michoacán ha sido, durante años, un campo de batalla entre diversos cárteles que luchan por el control del territorio y de las actividades ilícitas.
En esta ocasión, los afectados directos son los productores de limón, quienes aseguran estar siendo extorsionados principalmente por tres grupos: el CJNG, Los Viagras y la Familia Michoacana.
Además, se menciona la intervención de Cárteles Unidos (CU), una organización criminal formada por la alianza entre el Cártel de Tepalcatepec, Los Viagras y otros grupos locales.
Esta organización tiene como objetivo frenar el avance del CJNG en Michoacán, pero sus métodos, como el cobro de piso, están impactando negativamente a los productores locales, quienes ahora ven su seguridad y sus ingresos amenazados.
El gobierno de Michoacán, por su parte, ha ofrecido una versión distinta de los hechos. Según un comunicado oficial, la suspensión de las actividades limoneras no se debe a la extorsión del crimen organizado, sino a la baja estacional de los precios del limón.
Carlos Torres Piña, secretario de Gobierno estatal, afirmó que durante los meses de julio y agosto, el precio del limón michoacano suele desplomarse, afectando las ventas.
Sin embargo, esta explicación no ha convencido a los productores ni a la opinión pública. Mientras las autoridades aseguran que la producción continúa en 26 municipios, los limoneros afectados insisten en que las extorsiones y el cobro de piso son la verdadera causa detrás de la parálisis.
A pesar de la presencia de la Guardia Civil, la Guardia Nacional y elementos de la Sedena en las zonas productoras, la inseguridad sigue siendo un problema latente.
La suspensión de la producción limonera tiene graves consecuencias para la economía local. Michoacán es uno de los principales productores de limón en México, y cualquier interrupción en la cadena de suministro tiene repercusiones no solo a nivel regional, sino también en el mercado nacional e internacional.
Además, la crisis afecta a miles de familias que dependen de esta actividad para su sustento diario. La parálisis no solo significa pérdidas económicas, sino también un aumento en la incertidumbre y el miedo entre los trabajadores, quienes temen por su seguridad y la de sus seres queridos.
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