Este dictamen fue aprobado en lo general por 21 votos a favor, 16 en contra y no hubo abstenciones. Se hicieron 12 reservas: cuatro de Movimiento Ciudadano, seis del PRI, una del PAN y una de Morena, que fue la única que se aprobó.
Las modificaciones de Morena añadieron que el Estado queda a cargo de la transición energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de la nación para reducir las emisiones de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerán las políticas necesarias hacia la transición energética y otros impactos ambientales.
Los diputados aprobaron en comisiones dos dictámenes más pertenecientes al llamado “Plan C” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador: la referente a Áreas y empresas estratégicas y la que corresponde a Agua, alimentos y protección al medio ambiente.
La iniciativa añade, en el artículo 28, que las funciones que ejerza el Estado sobre el “servicio de internet del Estado” no constituirán un monopolio. Incluye que los objetivos serán “el control el servicio de electricidad en toda su cadena de valor, preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado”.
Las modificaciones recayeron en los artículos 25, 17 y 28 de la Constitución. La reforma propone que en ningún caso los particulares “tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado, cuya esencia es cumplir con su responsabilidad social y garantizar la continuidad y accesibilidad del servicio público de electricidad”.
Durante la discusión, los morenistas Óscar Catón Zetina y Marco Rosendo Medina destacaron que esta modificación buscaba dar marcha atrás a una de las llamadas reformas estructurales realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como parte del Pacto por México.
El priista Rubén Moreira argumentó en contra que la Comisión Federal de Electricidad opera actualmente en números rojos, a diferencia de lo que ocurría previo a este sexenio. El PRI, dijo el coordinador legislativo, presentó reservas, para que pequeños agricultores reciban tarifas más pequeñas, lo mismo que pequeños comerciantes.
El panista Héctor Saúl Téllez defendió que de 2014 a 2018 creció la cobertura eléctrica y la inversión extranjera en esa industria, por lo que en 2018 abonaba al PIB el 1.9 por ciento. Sin embargo, el panista aseguró que CFE perdió en los últimos cuatro años 194 mil 600 millones de pesos.
“Para ser claros: sí estamos en contra del estatismo. Y estamos en contra del populismo energético. ¡Nos declaramos completamente libertarios!”.
En tanto, el morenista Caro Cabrera resumió el debate así: “neoliberalismo vs. una concepción social del Estado mexicano”.
El segundo dictamen aprobado prohíbe concesiones para minería a cielo abierto, y contratos para la extracción de hidrocarburos mediante el fracking, salvo en casos excepcionales que determine el presidente. También pone un candado a las concesiones de agua en zonas con baja disponibilidad.
Esta iniciativa propone principalmente la prohibición de perforamiento hidráulico, o fracking, para extraer hidrocarburos así como la minería a cielo abierto. También busca que México quede libre de maíz genéticamente modificado para siembra y consumo humano.
El dictamen fue aprobado por 27 votos a favor y nueve en contra y ninguna abstención. Los legisladores presentaron 14 reservas: seis de Movimiento Ciudadano, seis del PRI, una del PAN y una de Morena.
La única reserva que se discutió fue la que expuso la morenista Irma Juan Carlos, para modificar la propuesta enviada inicialmente por el presidente López Obrador. La legisladora defendió la prohibición de organismos genéticamente modificados, transgénicos, que ponen en riesgo la existencia de la variedad de maíces.
Con estos, suman ya 14 dictámenes correspondientes “Plan C” que han sido aprobados en Comisiones por los Diputados y están listos para votarse en el Pleno en septiembre próximo. Este jueves, está programada la votación de la reforma en torno a la adscripción directa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
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