La nota destaca que lo hace a 18 meses de haber asumido su cargo frente al estado. El terreno, donde García pretende construir una residencia de casi 2 mil 800 metros cuadrados, está a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, empresa encabezada por el Mandatario emecista y su padre, Samuel García Mascorro.
Según Reforma, la documentación a la que tuvo acceso indica que el 18 de abril del 2023 la empresa del Gobernador pagó el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) ante el Municipio de San Pedro por 9 millones de pesos.
De acuerdo con la ley, el impuesto se paga al comprar una propiedad y equivale al 3 por ciento del valor catastral del inmueble adquirido, por lo que el terreno de García de 176 mil metros cuadrados tiene un valor catastral de al menos 300 millones de pesos.
No obstante, especialistas en bienes raíces consultados indican que un inmueble con dichas dimensiones en esa zona élite de San Pedro tendría un costo comercial superior a los 700 millones de pesos.
Recientemente, el pasado 4 de marzo, García Mascorro, padre del gobernador neoleonés, representante legal de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, presentó ante la Secretaría del Medio Ambiente del Estado una solicitud en materia de impacto ambiental para poder iniciar con la construcción de la mansión.
Se autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto... que consiste en la preparación del sitio, construcción de una casa habitación y una vialidad de acceso”, se detalla en la autorización dada por Eduardo Villanueva Garza, director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión Integral del Aire, Agua y Biodiversidad de la Secretaría, quien forma parte de García.
En la solicitud avalada de la que Reforma dice tener copia se detalla el proyecto que García pretende realizar, que abarca una megacasa de 2 mil 775 metros cuadros y la construcción de una vialidad de 10 mil 317 metros cuadrados.
La superficie total a impactar asciende a 13 mil 091.78 metros cuadrados, según el documento oficial.
La autorización sobre el impacto ambiental del inmueble le fue concedida por el Estado al Gobernador por medio de “fast track”, es decir sin mayores revisiones, en solo 15 días naturales, cuando un trámite de esta clase tardar por lo regular hasta 90 días naturales, de acuerdo con la ley.
La vigencia del permiso ambiental estatal es de 20 meses, precisa en el documento de autorización, con la posibilidad de extenderse otros 20 meses más.
Incluso, se advierte que el proyecto habitacional se ubica en zonas con presencia de riesgo geológico medioalto, donde predomina vegetación de matorral submontano y el Gobernador deberá pagar una compensación por el impacto ambiental, monto que viene tachado en el permiso.
Fuentes enteradas del proceso confirmaron que la empresa de García y su padre presentaron la solicitud ante el Municipio de San Pedro para el permiso de construcción de la residencia en el terreno adquirido, pero -hasta donde se sabe- no se le ha otorgado.
El 14 de mayo, representantes del PRI, PAN y PRD denunciaron que las empresas de García y su familia han crecido un 800 por ciento en sus dos años y medio de Gobierno y que el 60 por ciento de estos recursos es de proveedores relacionados con el Gobierno del Estado, por lo que advirtieron que la bonanza financiera se debe a tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y peculado.
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