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La ministra Yasmín Esquivel Mossa y los ministros Javier Laynez Potisek y Alberto Pérez Dayán fueron quienes votaron a favor de concederle el amparo a Total Play, mientras que quienes votaron en contra fueron la ministra Lenia Batres Guadarrama y el ministro Luis María Aguilar Morales.
En el proyecto original, elaborado por el ministro Aguilar Morales, se propuso negar el amparo y la protección de la justicia a Grupo Salinas, al considerar que todos los conceptos de violación presentados por la empresa eran “inoperantes e infundados”.
Sin embargo, durante la sesión privada que se celebra antes de discutir el proyecto, la mayoría de las y los ministros decidieron cambiar el sentido del proyecto para otorgar el amparo a Total Play.
Por este motivo, incluso Aguilar Morales como ponente del asunto votó en contra del nuevo sentido del proyecto “y por mi proyecto original en el que por todos los conceptos consideré que se debía negar el amparo”.
El ministro Aguilar Morales explicó que después de este fallo, la autoridad tendrá que ajustar la liquidación de impuestos de Salinas Pliego, aunque antes debe pasar por el Tribunal de Justicia Administrativa para que rehagan su sentencia como ordena el amparo, tomando en cuenta las deducciones avaladas por el Máximo Tribunal.
En tanto la ministra Lenia Batres hizo pública su postura al decir que votó en contra de amparar a Total Play contra un crédito fiscal por más de 645 millones de pesos, que adeuda desde 2015.
“Tres ministros votaron por permitirle deducir más de 600 millones por contratar a la empresa Iusacell, propiedad del mismo contribuyente”, expuso.
Luego de la sentencia de la Corte, el empresario Ricardo Salinas Pliego festejó el perdón a su adeudo fiscal a través de su cuenta de X, antes Twitter.
“Esta sentencia confirma la arbitrariedad y la inconstitucionalidad con la que se ha conducido sistemáticamente el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra de nuestras empresas”, señaló la empresa.
Además, reiteraron su “confianza” en la imparcialidad del Poder Judicial, “ciertos de que nos asiste la razón ética y jurídica, estamos convencidos de que este es el primero de muchos amparos a nuestro favor”.
Desde el 1 de diciembre de 2015, la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT determinó imponer contra Total Play un crédito fiscal por la cantidad de 645 millones 763 mil 797.87 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta, actualizaciones, recargos y multas.
Por esta razón, la empresa interpuso una serie de recursos contra la determinación del SAT, así como contra los diversos oficios a través de los cuales se requirió al contador público registrado diversa información y documentación, que finalmente llegó a la Corte.
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